El accionar de la Policía de Tucumán está nuevamente en foco por la muerte de un joven bajo custodia en Simoca. El sábado 4 de abril, Jonathan Emanuel “Nando” Rodríguez, de 22 años, fue detenido e ingresó caminando a la comisaría. Apenas noventa minutos más tarde, salía en estado crítico para morir, un día después, en el hospital.
La reconstrucción de una hora y media de terror
La intervención policial se origina a partir de un llamado de su hermano menor, quien solicita asistencia para que Jonathan sea trasladado al hospital por problemas de adicciones. Los efectivos no lo trasladaron: lo detuvieron.
Su novia y madre de su hijo de tres meses fue la última en comunicarse con Nando.
—Necesito a mi mamá, por favor —se escuchó a través del teléfono.
Y la llamada se cortó.
Vecinos de la zona grabaron cómo gritaba pidiendo por su madre y luchaba por salir de la camioneta de la policía.
Milagros Rodríguez, hermana de la víctima, relata que esa tarde hubo un corte de luz en todo el barrio que la dejó incomunicada mientras trabajaba. Aproximadamente a las 20:30, un móvil policial irrumpió en su casa para notificarle que debía acompañarlos porque Nando “estaba exaltado y debían calmarlo”.
Al llegar al hospital, varios policías formaban una barrera frente a la puerta donde lo atendían. Mientras le negaban ver a su hermano, en medio de la angustia y la incertidumbre, un oficial la presionó para que firmara —sin dejarla leer— una supuesta acta de la que hoy no existen registros.
Durante la medianoche, con el joven aún en estado crítico y el traslado sin concretarse, un oficial se contactó por llamada para exigirle dinero por una ventana del móvil que Nando habría roto.
—Yo les decía que no era el momento y que entre todos juntabamos solo 40 mil pesos. El oficial me repetía que le dé lo que tenga —.
Lo que dicen los registros médicos
Las cámaras de seguridad registraron que a las 17:55, Nando ingresó a la comisaría por sus propios medios, caminando, sin esposas y sin lesiones visibles. A las 19:22, una hora y media después, fue retirado de la misma dependencia en estado crítico.
El diagnóstico inicial en el Hospital de Simoca fue “intoxicación por sustancias”, pero no surge de estudios toxicológicos realizados en ese momento, sino de una hipótesis clínica preliminar. Si bien los análisis posteriores detectaron presencia de cocaína, son de carácter cualitativo: confirman la presencia de la sustancia, pero no permiten determinar su concentración ni su incidencia en el resultado final.
Cuando llegaron al Hospital de Monteros, Nando ingresa a terapia intensiva. El cuadro fue más grave: rabdomiólisis, insuficiencia renal aguda, acidosis metabólica y falla multiorgánica. Se documentaron además lesiones físicas en distintas partes del cuerpo: escoriaciones, hematomas y lesiones en cuello y tórax. A las cinco de la mañana del lunes 6 de abril sufrió una desmejoría. Su familia llegó al hospital, pero era tarde; él había fallecido.
Represión a los testigos y búsqueda de justicia
Al menos siete personas detenidas en la comisaría ya prestaron declaración y sus relatos son coincidentes: escucharon golpes, gritos de auxilio y sonidos de una persona siendo asfixiada.
La gravedad del caso no termina con la muerte de Jonathan. La sombra de la impunidad se extiende sobre los testigos. Dos de los detenidos que declararon contra la policía fueron agredidos físicamente con posterioridad a sus testimonios. Este hecho motivó la presentación de un hábeas corpus correctivo y colectivo para proteger la integridad de quienes se atrevieron a hablar.
—Al parecer, según lo aportado por este testigo, lo podrían haber torturado con una práctica que se está haciendo común en las dependencias policiales. A los detenidos les ponen un casco de motocicleta y les arrojan gas pimienta para que lo aspiren —explicó Benjamin Nuñez Arevalo, abogado de la familia Rodríguez.
De acuerdo con un informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), durante la gestión de Javier Milei se registra el índice más alto de muertes a manos del Estado desde el retorno de la democracia en 1983. Durante los primeros 25 meses de la gestión actual, el promedio fue de 42,24 personas asesinadas por mes. Este promedio supera a todas las gestiones anteriores, incluyendo las de Mauricio Macri (40,15 casos por mes) y Alberto Fernández (40,19 casos por mes).
Durante el periodo del 10 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2026, en el país se registraron 1.056 personas muertas por el aparato represivo estatal. Este incremento es una consecuencia directa de las políticas de seguridad nacional, el endurecimiento del sistema penal y la ampliación de facultades a las fuerzas de seguridad.
Tucumán arrastra una cronología de nombres que no deja de actualizarse: Alan Andrada, Luis Espinoza y, ahora, Nando Rodríguez. Son casos marcados por la violencia institucional que obliga a las familias a transitar el dolor mientras la justicia parece no llegar nunca.
En la provincia sigue en vigencia la Ley Orgánica de la Policía (1970), que permite que un efectivo con procesos penales abiertos siga en funciones y no sea expulsado de la fuerza. Sumado a esto la Ley de Contravenciones, sancionada en el año 1980 durante la última dictadura cívico-militar, funciona como herramienta que habilita un uso arbitrario de la fuerza policial. Vulnera derechos y garantías constitucionales fundamentales y genera condiciones que facilitan la comisión de torturas, cobros ilegales y otros delitos que pueden incluso atentar contra la vida.
Frente a un Estado que abandona, las familias de las víctimas se acompañan: marchan, investigan y discuten las problemáticas que atraviesan los barrios. También se articulan para sacar a la luz aquellas muertes que parecen invisibles y silenciosas. En esa unión, donde el duelo se transforma en vigilancia activa, es donde la lucha por Nando —y por tantos otros— se mantiene presente.
