A casi seis años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, organizaciones feministas denuncian que el acceso al aborto legal sigue encontrando obstáculos en Tucumán.
En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal y Ni Una Menos Tucumán realizaron una conferencia de prensa frente al SIPROSA, donde anunciaron la presentación de un pedido de información pública sobre el cumplimiento de la Ley 27.610 en la provincia.
Las organizaciones sostienen que reciben de manera cotidiana testimonios sobre falta de medicación, derivaciones, demoras, pedidos de estudios que no corresponden y obstáculos administrativos en distintos centros de salud.
Una de las principales instituciones donde se registran estas barreras para acceder tanto a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es la Maternidad. Allí, las organizaciones aseguran que el circuito de atención puede generar demoras de hasta ocho semanas. Uno de los casos relevados corresponde a una paciente que consultó con seis semanas de gestación y, después de sucesivos pedidos de estudios, llegó a las 14 semanas sin haber accedido a la práctica.
“Lo que debería ser una atención sanitaria oportuna termina convirtiéndose así en un recorrido de obstáculos que puede impedir el acceso efectivo a la interrupción del embarazo”, denuncian desde la Campaña y Ni Una Menos.
También informaron sobre dificultades en otros efectores, entre ellos el Hospital Eva Perón, el Hospital Avellaneda, el Hospital de Monteros y el Hospital de Concepción, vinculadas a la disponibilidad de medicamentos, trámites administrativos y demoras. En el Hospital Avellaneda, además, señalan situaciones de persecución hacia profesionales que garantizan el acceso a la práctica.
Para las organizaciones, el problema no se limita al aborto. También advierten sobre faltantes de anticonceptivos y preservativos y reclaman fortalecer las políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual.
Frente a este escenario crítico, solicitan al Estado provincial garantizar la provisión de medicamentos, eliminar requisitos que retrasen las prácticas, investigar las denuncias sobre demoras y establecer mecanismos que permitan conocer cuántas personas solicitan una IVE o ILE, cuántas acceden y cuántas abandonan el sistema sin una resolución.
“El acceso a la salud sexual y reproductiva es un derecho. No puede haber un circuito de obstáculos allí donde la ley establece una obligación de garantizar atención”, sintetizaron las organizaciones.
En Argentina, desde 2024, las políticas de salud sexual y reproductiva implementadas a nivel nacional sufrieron un desguace por parte de la gestión de Javier Milei. El Estado nacional dejó de realizar la compra y distribución de insumos esenciales para garantizar el acceso al aborto y trasladó las responsabilidades a las provincias. Según Amnistía Internacional, en 2025 más de la mitad de las provincias reportaron faltantes de misoprostol y casi todas informaron problemas de abastecimiento de mifepristona.
En este contexto, las organizaciones advierten que el acceso a un derecho reconocido por la Ley 27.610 depende cada vez más de las capacidades y recursos disponibles en cada jurisdicción, generando un escenario desigual e injusto para quienes necesitan acceder a una interrupción del embarazo.
-Fotografía: Matilde Terán