“No podemos naturalizar el dolor. Tenemos que preguntarnos qué hacemos como sociedad con la Justicia que tenemos”
La frase de Carolina Monteros trasciende su historia personal. Llega apenas días después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en menos de tres meses, revocó la condena por abuso sexual contra Franco Trapani y Álvaro Rodríguez y los absolviera por el beneficio de la duda. Ahora, la querella anunció que presentará un Recurso Extraordinario Federal para que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 3 de julio de 2016 Carolina tenía 19 años cuando, tras salir de un boliche en Tafí Viejo, fue trasladada en un auto por Franco Trapani, importante empresario del sector citrícola de la región, y su amigo Álvaro Rodríguez a una propiedad ubicada en las afueras de la ciudad. Carolina denuncia que allí fue víctima de abuso sexual agravado con acceso carnal.
Lo que siguió fue un proceso judicial atravesado por demoras e irregularidades. Durante más de cinco años el expediente permaneció prácticamente paralizado. En ese tiempo, desaparecieron teléfonos celulares —donde se encontró un reconocimiento del acto sexual por parte del acusado Trapani— aportados por la víctima. Sin embargo, todo el resto de las pruebas —tales como médico forenses y psicológicas— fueron contundentes y suficientes para la condena del juez de primera instancia. La defensa, en su argumento mediático, sostiene que las pruebas fueron presentadas por los acusados, cuando en realidad, las grabaciones de la cámara de seguridad fueron obtenidas mediante allanamiento por orden del juez.
“Pasé por mucho dolor. Este proceso judicial me atravesó por completo y condicionó muchos ámbitos de mi vida por perseguir una justicia que, después de diez años de lucha, hoy me fue negada”, expresó.
Monteros contó que con el paso del tiempo modificó su manera de entender las instituciones. “Viví en carne propia el funcionamiento de un sistema profundamente patriarcal y pude ver de cerca cómo muchas veces el poder económico, político y judicial actúan de manera corporativa, sin la independencia que la sociedad necesita”.
Después de nueve años de espera, en 2025 comenzó finalmente el juicio oral. Allí, Trapani y Rodríguez fueron condenados por el juez Antonio Nicolás Gutiérrez que valoró la prueba producida durante el debate e incorporó la perspectiva de género en el análisis del caso. Sin embargo, el pasado 6 de julio de 2026, los jueces Daniel Leiva, Antonio Estofan y Daniel Posse de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocaron esa sentencia al considerar que existía una “duda insuperable”, lo cual no refiere a una inocencia si no a un beneficio de la duda.
“Desde mi perspectiva, la sentencia desarma la aplicación de la perspectiva de género que había utilizado el juez de primera instancia. Me preocupa el precedente que deja para otros casos de violencia sexual”, lamentó Monteros.
La resolución vuelve a poner sobre la mesa debates que organizaciones feministas y de derechos humanos vienen sosteniendo desde hace años: ¿puede hablarse de una Justicia independiente cuando el Estado beneficia a acusados vinculados al poder económico?
Durante los primeros años del proceso, Carolina enfrentó prácticamente sola el peso de una causa que parecía no avanzar. Con el tiempo encontró en la organización colectiva la fuerza para continuar: “Aprendí que la salida nunca es individual, siempre es colectiva”.
Ella recordó que el acompañamiento del movimiento de mujeres, de su familia, de organismos de derechos humanos y organizaciones estudiantiles fue lo que permitió sostener una lucha que parecía imposible. “Haber conseguido esa condena después de tantos años también fue una victoria colectiva y demostró la fuerza de la organización”, balanceó. Por eso, insiste en que el dolor no puede terminar en resignación. Su planteo invita a preguntarnos qué tipo de Justicia queremos y cuánto estamos dispuestos a tolerar de un sistema que beneficia a los acusados.
“El sistema muchas veces es profundamente desigual y desgastante, pero la organización colectiva puede sostenernos cuando sentimos que ya no podemos más. Hoy sigo de pie gracias a esa red y voy a seguir luchando”, sostuvo Monteros.
El caso de Carolina Monteros ya no interpela únicamente a quienes siguen de cerca el expediente. También abre una discusión sobre la independencia de los poderes, el acceso a la justicia y las consecuencias de un sistema que deja a toda la sociedad expuesta frente a la impunidad.
