Contra Inglaterra nunca se jugó solamente al fútbol. Desde 1986, cada triunfo despertó una memoria que mezcló Malvinas, orgullo, dolor y revancha. Esa tarde volvió a ocurrir. Y, otra vez, la violencia se utilizó contra quienes estaban festejando.
Tras el pitido final del partido, las calles a lo largo del país se llenaron de cánticos y caravanas, y Tucumán no fue la excepción. Bombos, banderas y el murmullo de una comunidad que salía a ocupar el espacio público. Sin embargo, en cuestión de minutos, la celebración mutó drásticamente en un violento operativo a cargo del Cuerpo de Infantería de la Policía de Tucumán, seguido de detenciones arbitrarias, agresiones físicas, insultos discriminatorios y el uso de gas pimienta dentro de la comisaría Unidad Regional Norte de Tafí Viejo.
El caso, que ya se tramita ante el Ministerio Público Fiscal, volvió a poner sobre la mesa la persistencia de prácticas de violencia institucional en la provincia y los difusos límites del uso de la fuerza estatal ante la población civil.
La plaza y el festejo antes de la represión
Silvana Brito, una trabajadora y emprendedora local, condujo hacia la Plaza Mitre de Tafí Viejo junto a su pareja, sus hijos.
“Salimos en familia, para pasar un buen rato y volver a la casa”, relató la entrevistada. Para evitar las zonas de mayor aglomeración y potenciales problemas —tras recibir advertencias de algunos inconvenientes menores en el centro de la plaza—, el grupo familiar decidió ubicarse en un sector perimetral, adyacente al sector de los juegos infantiles.
Ella divisó primero la formación policial en “encadenado”, una táctica de control de masas utilizada por las fuerzas de seguridad. Consiste en que los efectivos se entrelazan fuertemente entre sí para crear una barrera física continua, compacta y difícil de romper.
“Jamás me he imaginado de que sea esa la reacción o la manera”, afirmó. De acuerdo con su relato, los agentes se aproximaron exigiendo la inmediata evacuación de la plaza. Siguiendo los testimonios, la familia pidió unos minutos para recoger los instrumentos musicales y las pertenencias que trasladaban. La respuesta institucional fue el avance agresivo. “Nos empiezan a apurar con el escudo, a empujarnos. Y dieron la orden de deternos”, denunció.
Frente al avance de la línea policial, Silvana relató haber intervenido físicamente para interponerse entre los escudos y sus dos hijos varones, uno de ellos de 15 años y el otro de 18. “Lo único que hice yo es sacarlos a mis dos hijos, porque uno es menor de edad, le digo: ‘No lo toques’. Yo los empujaba a ellos para que se vayan. Sabía que si los agarraban… Yo ya sabía lo que le iba a pasar”, sostiene, manifestando que su prioridad en ese instante era evitar que los jóvenes quedaran desprotegidos.
El escenario escaló cuando la hija de la denunciante, de 21 años, advirtió que los efectivos policiales reducían a su madre. La joven intentaba acercarse cuando fue rodeada y derribada por personal policial. Un registro de video filmado por testigos de la plaza, muestra el instante en que es tirada al suelo y golpeada por los uniformados en medio de los gritos de los vecinos.
“Ahí ha sido la mortalidad para mí”, describió la madre, refiriéndose al impacto emocional de observar la agresión hacia su hija. Ambas mujeres fueron aprehendidas al instante. Según la denuncia, el traslado hacia el vehículo policial estuvo signado por el uso desproporcionado de la fuerza física. Su hija fue ingresada al asiento trasero de la camioneta policial, obligada a mantener la cabeza baja, oculta debajo de la línea del asiento, bajo un estricto control físico.
Durante este trayecto y el posterior ingreso a la dependencia, el personal policial utilizó expresiones denigrantes homofóbicas y clasistas: “Por tener tatuaje, por tener pelo corto, tu manera de vestir, ya sos puta, sos tortillera, sos machona”. El testimonio evidenció cómo las agencias de seguridad aplican violencia selectiva y disciplinadora sobre cuerpos e identidades que confrontan los mandatos tradicionales o los estereotipos estigmatizantes de la marginalidad popular.
Al ingresar a la sede de la Comisaría Unidad Regional Norte de Tafí Viejo, la denunciante describió un pasillo colmado de efectivos policiales, con mayor personal masculino y la presencia de solo cuatro agentes femeninas. Mientras permanecía esposada, solicitó reiteradamente la presencia de un abogado y la notificación formal de los motivos de su aprehensión, recibiendo únicamente burlas como respuesta.
El momento crítico dentro de la seccional se produjo cuando la mujer escuchó los gritos de su hija en una habitación contigua. “Cuando veo que le pegaban piñas en el pecho, me tiré encima con las esposas puestas… caímos las dos y en el piso nos tiran gas pimienta directo a la cara”. Estas prácticas de tortura se volvieron cada vez más escuchadas, a los detenidos les ponen un casco de motocicleta y les arrojan gas pimienta para que lo aspiren.
Posteriormente a la aplicación del gas, la denunciante afirmó haber reaccionado con desesperación, impactando su cuerpo contra las paredes de la habitación. En ese momento los efectivos policiales extrajeron sus teléfonos celulares personales para filmarla, argumentando en tono jocoso que la mujer se estaba “autogolpeando”. La familia reportó que las autoridades policiales indagaron externamente sobre los antecedentes médicos o psiquiátricos de la mujer y alegaron un supuesto estado de embriaguez para deslegitimar sus reclamos y justificar el estado de alteración provocado por las agresiones y el gas pimienta.
El Acta de “Disturbios” y el repliegue oficial
Con el correr de las horas, el tratamiento de la situación penal de las detenidas experimentó un giro imprevisto que la denunciante atribuyó a la movilización de vecinos y conocidos fuera de la comisaría y a la intervención de redes comunitarias locales que tomaron contacto con las jerarquías policiales de turno.
Su hija fue trasladada a una oficina administrativa interna, donde funcionarios policiales intentaron que la joven firmara un acta en la cual declaraba explícitamente que no había sufrido maltratos físicos ni psicológicos durante su permanencia en la base. Ella se negó.
Por su parte, la denunciante principal fue puesta en libertad alrededor de las 3:00 de la madrugada. Para consumar su egreso, afirmó haber sido coaccionada a firmar una contravención por “disturbios en la vía pública”. “Ellos me hicieron firmar un papel cuando salí, que era por disturbios en la vía pública. Si yo no firmaba, no me dejaban salir”, sostiene ante este medio. Esta práctica de encuadrar los operativos de dispersión violenta bajo figuras contravencionales genéricas constituyen un mecanismo habitual para convalidar administrativamente las detenciones discrecionales y diluir la responsabilidad penal del personal policial interviniente.
El Laberinto Judicial y Pericial
Al recuperar la libertad, la búsqueda de atención médica y justicia formal expuso los obstáculos burocráticos institucionales que suelen enfrentar las víctimas de violencia estatal en Tucumán. En primera instancia, las afectadas no lograron hallar atención médica pericial inmediata en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la zona debido a limitaciones de guardia.
Posteriormente, una radiografía médica particular confirmó que la denunciante presentó una fractura en su muñeca derecha, además de múltiples hematomas en la región craneal y extremidades. No obstante, la inspección realizada por el médico legista oficial asignado al caso generó profunda desconfianza en la familia. De acuerdo con la entrevistada, el profesional evaluó sus lesiones e intentó relativizar el origen cronológico de las marcas en los brazos, sugiriendo que los hematomas podrían ser una fecha diferente a los hechos denunciados. El perito oficial otorgó un plazo de diez días para que la denunciante aporte certificaciones traumatológicas complementarias. Por su parte, la hija de 21 años presentó severas dolencias internas en la zona costal que requerirán estudios diagnósticos específicos por vía médica privada.
La denuncia penal formal fue radicada ante el Ministerio Público Fiscal por el funcionario de turno, el Dr. Enrique Franco. Sin embargo, los requerimientos del organismo durante el período de feria judicial —exigiendo que la víctima compareciera con una redacción preestablecida y precisa de sus dichos— añaden una barrera de acceso a la justicia que la víctima debió sortear de forma particular. El equipo de ANDHES Tucumán (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) se encuentra asesorando a las víctimas.
Lo que el caso Tafí Viejo pone en discusión: el uso de la fuerza y los límites del poder estatal
Más allá de las particularidades del sufrimiento físico y emocional de la familia afectada, los sucesos de Tafí Viejo interpelan directamente la vigencia de los estándares democráticos en el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales. El control de las manifestaciones y concentraciones ciudadanas en el espacio público —aun aquellas ligadas a festejos populares— exige la observancia estricta del principio de proporcionalidad y progresividad en el uso de la fuerza.
La utilización de cuerpos de infantería dotados de armamento letal y menos letal contra grupos familiares, la omisión de órdenes claras y audibles de dispersión que otorgaran plazos razonables de repliegue y la agresión física directa contra civiles y menores de edad configuran desvíos graves de las misiones asignadas constitucionalmente a la policía, pero avaladas por el gobernador Osvaldo Jaldo, junto al Ministerio de Seguridad y la gestión operativa del jefe de Policía, Joaquín Girvau. Asimismo, la custodia estatal sobre toda persona privada de su libertad conlleva una responsabilidad jurídica absoluta: desde el preciso instante en que un ciudadano es introducido en un móvil policial, el Estado se convierte en garante de su integridad física y psíquica. La aplicación de tormentos físicos, el uso punitivo de gases químicos dentro de calabozos o pasillos de comisarías y la humillación verbal constituyen graves violaciones a los derechos humanos que la normativa internacional prohibió de forma absoluta, sin admitir excepciones de contexto o estado de sospecha.
Este caso evidenció la urgencia de activar mecanismos de control civil, judicial y administrativo transparentes sobre el personal de la Comisaría de Tafí Viejo y las divisiones operativas que intervinieron en la Plaza Mitre. La naturalización de las actas de contravención como mantos de impunidad para encubrir la violencia física de los agentes del orden debilitó el estado de derecho y profundizó la brecha de desconfianza entre la sociedad civil y las instituciones encargadas de su protección.
