En un contexto de recorte sistemático de políticas públicas, el Estado sigue sin garantizar la protección de mujeres, niñas y diversidades frente a la violencia machista. El gobierno de Javier Milei niega la existencia misma de esta violencia y amenaza con eliminar la figura de femicidio del Código Penal, incorporada en 2012 para sancionar con prisión perpetua los asesinatos cometidos mediando violencia de género.
En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo sigue la misma línea de Milei. Tras asumir, realizó recortes en áreas fundamentales como la Secretaría de las Mujeres, dejando a sus trabajadoras con escasas herramientas para dar respuesta a la creciente demanda de asistencia.
Los otros dos poderes del Estado también son parte del problema. El Poder Judicial suele actuar con desidia, reproduce estereotipos machistas y muchas veces revictimiza a quienes denuncian. Hay femicidios que podrían haberse evitado si no fuera por el mal accionar de jueces y fiscales, como el de Paola Tacacho, por ejemplo.
Por su parte, el Congreso, en su mayoría, permanece indiferente frente a la violencia de género y avala los recortes presupuestarios impuestos por el Ejecutivo.
Aunque parezca una obviedad, en este contexto tenemos que volver a explicarlo: los femicidios no son hechos aislados. Son parte de una problemática estructural. Son el resultado de un sistema que les da la espalda a las víctimas. Un sistema que, al recortar políticas y negar la violencia, se convierte en cómplice.
Los recortes en políticas de género no hacen más que garantizar la impunidad de los femicidas y dejar sin protección a miles de mujeres, niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia cotidianamente.
Quienes nos gobiernan son responsables políticos de estos crímenes, porque incumplen sus deberes y generan condiciones de riesgo estructural que perpetúan y agravan la violencia machista.
