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El arte callejero no es delito

Por Sebastián Pisarello

Luigi Planas es un artista callejero conocido como Mortadela. Hace más de 20 años que trabaja principalmente en el Piletón del Parque Avellaneda gestionando actividades culturales. Hace tiempo que, denuncia, vienen con obstáculos por parte  de la municipalidad para realizar eventos allí. Entonces la calle es su nuevo escenario
Ayer estaba en la Plazoleta del Parque 9 de julio junto a otro artista callejero, Sebastián Pavón, cuando policías los detuvieron a ambos. A Luigi lo levantaron con su bicicleta playera. Los llevaron a la comisaría primera junto a dos vendedores ambulantes: uno vendía maní y el otro alfajor en la esquina del parque. 
Cuando llegaron a la comisaría, se encontraron con otras 4 personas más, también trabajadores callejeros. Los separaron en grupos: un par por antecedentes y otro par por contravenciones quedaron detenidos y los demás fueron liberados. Luigi quedó suelto y Sebastián, preso. En su caso, por contravención. 
Hace 3 días Sebastián contó en El Tucumano sobre su vida: “Nací en Buenos Aires, pero vine a Tucumán a los 6 años. Actualmente vivo en Lastenia y tengo 34 años. Empecé a hacer malabares cuando enfermó mi madre. Trabajaba en la construcción pero necesitaba otro ingreso y mayor tiempo libre para cuidarla y también llevar el sustento a mi casa. Hace seis años que hago malabarismo”.
Según Luigi, artistas callejeros tienen autorización de la municipalidad de San Miguel de Tucumán para ejercer su trabajo a través de la ordenanza 5110. Sin embargo, es la cuarta detención que sufre en menos de un año. Siempre por la misma razón: trabajar en la calle con su arte. Sin molestar a nadie. Lo contrario, alegrando el paisaje cotidiano con su talento.
Desde hace un año y medio, la policía de Tucumán, por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, viene realizando violentas razzias en barrios populares y también deteniendo arbitrariamente a trabajadores de la economía popular. Vendedores ambulantes, limpiavidrios, cartoneros. Así lo denunció Merry Anastasio, del Movimiento de los Trabajadores Excluidos. 
Una de las herramientas de la policía es la ley de contravenciones, que regula faltas menos que no llegan a ser delitos. Por ejemplo, es cuando alguien genera mucho ruido en la calle o cuando ofende la moral o el pudor en lugares públicos. Sin embargo, por darle un poder demasiado arbitrario a la policía, esa ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2010. Pero el aviso parece no haber llegado nunca a la policía, que la sigue usando.
Pero la novedad está en el artículo 152 del nuevo código procesal penal de Tucumán. El inciso 2 permite, en el marco del inicio de una investigación por un posible delito, “conducir a la  unidad policial a una persona cuya identidad se tratare de averiguar”. El código establece un plazo de 6 horas máximo para este trámite y también que “el afectado no podrá ser ingresado a celdas o calabozos, ni mantenido en contacto con personas detenidas”. 
A estas detenciones arbitrarias a través de la ley de contravenciones y el artículo 152 del CPP de Tucumán, se suma el “trencito”, una novedosa práctica introducida por la imaginativa policía provincial. Se trata de operativos que se producen generalmente en barrios populares donde policías circulan en fila deteniendo a personas solo por estar en las calles y también entrando a casas sin orden de allanamiento. Según numerosos testimonios, luego de los operativos en las casas han faltado dinero, motos y artículos de valor.
Desde el gobierno provincial declararon la “guerra a la inseguridad” y consideran que están logrando, como consecuencia, bajar los índices de homicidios en la provincia. En 2024 se contabilizaron 61 homicidios, un 25% menos con respecto al año pasado que fueron 82, según La Gaceta. De hecho, Patricia Bullrich visitó Tucumán esta semana y puso a la provincia como uno de los casos ejemplares de todo el país. 
Es difícil analizar la causalidad de estos operativos y las bajas en los índices de homicidio. Lo que sí, el accionar pone a la sociedad tucumana frente a una pregunta: ¿a cuántos “inocentes” estamos dispuestos a sacrificar para sentirnos seguros? Porque lo que es indudable es que estos operativos violentos y arbitrarios van contra cualquiera, sea o no responsable de algún delito. Bah, no contra cualquiera. Solo contra aquellos que viven en barrios pobres.

Meta Crisis, periodismo desde la periferia. Tucumán, Argentina