24 de Marzo: el negacionismo avanza
7 años de oscuridad
El 24 de marzo se conmemora el golpe de Estado que derrocó a María Estela Martínez de Perón en 1976 y que provocó uno de los peores períodos en términos humanitarios, económicos, sociales y culturales de la historia Argentina. Para poder voltear al gobierno constitucional, que había convocado a elecciones para octubre de ese año, fue fundamental el caos socioeconómico y el rol de distintos sectores empresariales, mediáticos y eclesiásticos que generaron el clima propicio para un golpe militar. La excusa: combatir a una guerrilla ya desarticulada y totalmente diezmada a esa altura. La realidad: plan generalizado de exterminio de todas las personas que oponían resistencia al modelo económico, social y cultural que buscaba implementar la dictadura.
Miseria planificada
Rodolfo Walsh, el mejor periodista de la historia nacional y desaparecido por la última dictadura, planteó en su emblemática Carta Abierta a las Juntas que ¨en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada¨. Sus medidas estuvieron basadas en una supuesta extrema defensa de la ¨libertad de mercado¨. Libertad para los mercados, desaparición y muerte para los y las laburantes.
El comienzo de la debacle
La primera gestión económica de la dictadura finalizó en 1981 con una inflación acumulada del 9.092,9% y un incremento del 744,8% en la cotización del dólar. Además, entre 1976 y 1983 la deuda externa aumentó de 7.800 a 45.000 millones de dólares. Durante esos años cerraron 15 mil industrias, la construcción cayó 30%, la industria 13% y la actividad financiera creció 40%. Se consolidó la patria financiera mientras que los salarios cayeron un 30% y creció también el desempleo. Pero sobre todo, hubo un empobrecimiento generalizado: del 5% en 1975 al 20% a finales de la dictadura en 1983. La verdadera debacle argentina comenzó en esa noche oscura.
Persecución generalizada
En términos socioculturales, la dictadura implicó la censura masiva de música, obras, películas, medios de comunicación, etc., la quema de libros, el cierre de carreras como Psicología, el exilio de artistas considerados peligrosos para el régimen, como nuestra querida Mercedes Sosa, la persecución de todas las personas que pensaban distinto al régimen militar, entre muchos otros aspectos que atentaban contra la libertad de los argentinos y las argentinas.
Discursos de odio
“El gobierno de facto ejerció la violencia también desde la palabra. Los integrantes de la Junta militar encadenaron una catarata permanente de discursos, proclamas y entrevistas profundamente difundidas por los medios”, escribió Luciano Barandiarán, doctor en historia. Promulgaron que el otro era “peligroso”, construyeron al “subversivo” como enemigo y en esa categoría se englobaban desde militantes políticos, guerrilleros hasta simples ciudadanos disconformes con el gobierno. ¿Te suena?
Instalaron frases como ¨algo habrán hecho¨o el ¨no te metas¨como parte de una estrategia ideológica. Sus discursos de odio culminaron en delitos de lesa humanidad.
Nunca más
El 15 de diciembre de 1983, el presidente Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) con el fin de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. La CONADEP publicó el “Nunca más”, un informe de 50 mil carillas que sostenía que la “dictadura había producido la más grande tragedia de nuestra historia”, demostrando la desaparición de al menos 10 mil personas. Sumando las víctimas secuestradas y liberadas, las asesinadas, los más de 500 bebés apropiados y las personas en el exilio se llegó a la simbólica cifra de 30 mil.
Denuncias en la provincia
En Tucumán, el terrorismo de Estado comenzó en 1974 aunque formalmente con el Operativo Independencia ordenado por la presidenta María Estela de Perón en febrero de 1975. Por eso, la comisión bicameral formada en la provincia para investigar los crímenes, recibió 507 denuncias de hechos sucedidos entre 1974 y 1983, que incluían secuestrados desaparecidos, liberados y asesinados. Ese listado siguió creciendo con la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Por ejemplo, en el juicio que se está desarrollando actualmente, “Jefatura 3”, el 68% de los casos fueron denunciados después del 2003. Muchas familias no denunciaron desapariciones por un terror a la dictadura que perdura en el tiempo.
La crueldad sin límite
Entre algunas víctimas emblemáticas de Tucumán podemos nombrar a Isauro Arancibia, dirigente de ATEP; Leandro Fote, ex legislador provincial y dirigente sindical del Ingenio San José; Dardo Molina, vicegobernador hasta 1976; Ángel Pisarello, ex presidente de la UCR provincial y abogado de presos políticos; José Chebaia, ex presidente de la Federación Económica de Tucumán, Guillermo Vargas Aignasse, ex senador nacional y; Ana Corrales, la desaparecida más joven de Tucumán con apenas 16 años, entre cientos de personas más. El ex gendarme Omar Torres aseguró, en su testimonio judicial, haber visto cuando Corral fue asesinada personalmente por el represor Antonio Domingo Bussi.
Juzgar, no desaparecer
Aunque los sectores negacionistas chicanean con la “memoria completa” y ponen el foco en los crímenes de las guerrillas, esa mirada deja de plano que la mayoría de las víctimas fueron estudiantes, obreros, comerciantes, políticos o simples ciudadanos que no tenían nada que ver con las organizaciones armadas.Y, en todo caso, sobra decir que en todo caso debían encarcelar y juzgar a los responsables, no secuestrarlos, torturarlos, desaparecerlos, apropiar bebés y asesinarlos. Fueron tan perversos que aún hoy Ana Corral sigue desaparecida. Por todo esto, seguimos luchando por memoria, verdad y justicia.