Encerrar adolescentes: el viejo y obsoleto punitivismo

El Gobierno de Tucumán avanza en la preparación de un pabellón dentro del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz para alojar a adolescentes en conflicto con la ley penal. La decisión se anunció tras el asesinato de un joven de 21 años durante un robo en la puerta de su casa, en Alderetes, en el que estuvieron involucrados dos adolescentes.

“Tienen que ir a Benjamín Paz, a un pabellón, estar encerrados y sentir el rigor de lo que siente alguien que comete un delito y es juzgado por la Justicia”, argumentó el gobernador Osvaldo Jaldo al justificar la medida.

Ante este anuncio, la Mesa No a la Baja de la Edad de Punibilidad de Tucumán expresó su preocupación y rechazo. A través de una nota dirigida al ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, y a la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare, solicitó una reunión institucional urgente para advertir sobre los impactos de la decisión.

Desde la organización multisectorial señalaron que la medida “constituye un grave retroceso en materia de políticas públicas de niñez y adolescencia, implicando una vulneración de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante NNyA), como así también una clara profundización de lógicas punitivas, incompatibles con estándares de derechos humanos en la materia”.

Otro de los argumentos advierte que el traslado de NNyA desde el Instituto Roca al penal de Benjamín Paz implica un agravamiento de las condiciones de alojamiento: “Trasladarlos a kilómetros de su centro de vida impacta negativamente en el sostenimiento de vínculos familiares mediante visitas, y la posibilidad de mantener vínculos con sus comunidades de origen”.

“Encerrar adolescentes en una cárcel de adultos no resuelve los problemas de seguridad: los agrava. Lo que está en juego no es solo una medida administrativa, sino el modelo de sociedad que se construye cuando el Estado renuncia a su obligación de cuidar”, afirmaron desde la Mesa en el escrito.

Aunque numerosos estudios y tratados internacionales confirman que el encierro de adolescentes no reduce el delito juvenil, el Gobierno provincial (en sintonía con la administración nacional) insiste en una respuesta punitiva.

Esta lógica traslada la responsabilidad del Estado hacia los individuos y profundiza la vulnerabilidad de adolescentes que ya atraviesan situaciones de exclusión social. La medida impulsada por Jaldo, lejos de abordar las causas estructurales, aparece como una respuesta política rápida frente a la presión de la opinión pública tras casos como el de Alderetes.