Tucumán, 02 de diciembre de 2025. El dia 26 de noviembre, el Juez del Centro Judicial Monteros, Mario Velázquez, confirmó la imputación del sacerdote Pablo Valdez por el delito de abuso sexual agravado contra una adolescente, por hechos ocurridos entre 2021 y 2022 en el sur de la provincia.
La joven, que en su adolescencia atravesaba una etapa particularmente difícil en lo familiar y en lo personal, acudió a la parroquia en búsqueda de contención, orientación y un espacio seguro. Sin embargo, lejos de recibir el acompañamiento que necesitaba, terminó siendo expuesta a un entorno de abuso y manipulación ejercido por el sacerdote de la parroquia. Su madre denunció los hechos, pero la fiscalía no la escuchó.
La imputación se produjo tras un proceso judicial extenso y complejo. La fiscal María Eugenia Posse había dispuesto el archivo de la causa en dos oportunidades, pese a la evidencia reunida durante la investigación. En sus decisiones, sostuvo que los hechos no constituían abuso sexual sino un comportamiento “moralmente reprochable”, y consideró -de manera equivocada- que la adolescente habría consentido una relación con un hombre 40 años mayor.
Al cumplir la mayoría de edad, y con el acompañamiento de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos y la querella – representada por Luciana Gramaglio, Martín González y Aldana Molina Franco-, la joven decidió reactivar el proceso. Esto permitió revisar la actuación fiscal y avanzar en la búsqueda de justicia.
El Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Paul Hofer, Jorge Sánchez y Ariel Carrasco, declaró nula la decisión de archivo al considerar que se trató de un acto arbitrario que restringía el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. El tribunal indicó además que las resoluciones fiscales carecieron de perspectiva de género y de niñez, parámetros indispensables para el análisis de este tipo de hechos.
Posteriormente, la causa pasó al equipo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad, a cargo de la Dra. Mónica Targa, que solicitó formalmente la imputación.
El 26 de noviembre, tras casi un año de insistencia por parte de la víctima para ser escuchada y lograr que su causa avanzara, el juez Velázquez confirmó la imputación de Valdez por abuso sexual agravado. En su resolución, señaló: “Valen aquí también las críticas, cuanto menos reprochable e inentendible accionar de una unidad fiscal que se dice especializada en la investigación y juzgamiento de delitos contra la integridad sexual y la violencia de género en la presente causa. Aparentemente no tuvo en cuenta los múltiples parámetros legales, constitucionales y convencionales que deben rodear la investigación de los hechos como los que motivaron este legajo.”
Desde la Red de Sobrevivientes, la psicóloga Liliana Rodríguez expresó que “la decisión judicial reconoce el esfuerzo de una joven que buscó validar su propia historia, atravesada por dolor, aislamiento y descalificación social. Cuando la justicia no cumple con su función, se abre paso a que la sociedad juzgue sin elementos para hacerlo”.
Por su parte, el abogado querellante Martín González sostuvo que “este caso demuestra la necesidad de litigar frente a criterios judiciales que no siempre se ajustan a derecho. La actuación fiscal inicial, atravesada por sesgos de confirmación y prejuicios hacia las adolescentes, instaló una pedagogía de desesperanza y desaliento hacia quienes denuncian casos de violencia sexual. El trabajo de nuestro equipo jurídico permitió corregir ese enfoque y avanzar con la imputación”.
