Por: Martín Dzienczarski González
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó hace una semana la primera etapa del Digesto Jurídico municipal. Se trata de un trabajo que busca recopilar y ordenar las normas vigentes de la ciudad para tener un acceso sencillo y saber qué está vigente y qué no. Conocer las ordenanzas que establecen cómo debe adecuarse la vida en la ciudad.
El trabajo de los concejales que conforman una comisión especial para tal fin comenzó con la recolección y recopilación de todas las normas. La comisión es presidida por el radical Gustavo Cobos, y la completan Alfredo Terán de Zavalía (FR), Ana González (PJS), Federico Romano Norri (UCR) y Facundo Vargas Aignasse (PJ).
El primer periodo a analizar fue el de 1976-1983, que coincide con el de la última dictadura militar, porque durante la suspensión de la democracia las normas volvieron a numerarse desde la número 1, por lo que constituye un bloque delimitado para trabajar sugiriendo qué normas derogar y cuales caducar y archivar.
Cobos explicó en sesión que hasta el 19 de marzo de 1976 la última ordenanza aprobada era la 663. El 30 de marzo de 1976, con la firma de un interventor militar, se dictó la ordenanza 1, volviendo a comenzar la cuenta. El 30 de noviembre de 1983 se sancionó la ordenanza 938, y la siguiente el 26 de diciembre ya en democracia vuelve a ser la número 1.
La primera etapa del digesto aprobó por unanimidad la depuración de alrededor de 700 ordenanzas, alrededor del 70% de las normas dictadas en el periodo. Entre el listado con asignaciones de tarifas de transporte público, cambios en el sentido de las calles y demás, una palabra se destacó en el Orden del Día como un relámpago: “227/1977 Dispone el secuestro de todos los números de la revista “La Semana”.
La palabra secuestro, en plena dictadura, no es una sorpresa. Pero que esté registrada en un documento oficial es un hallazgo. Es la huella administrativa del terror. Entre las ordenanzas del periodo se repite la palabra “secuestro” vinculado a la censura cinco veces más:
1- 227/1977 Dispone el secuestro de todos los números de la revista “La Semana”
2- 291/1978 Dispone el secuestro de todos los ejemplares de la revista “Anna Bella”
3- 323/1978 Dispone el secuestro de todos los ejemplares de los libros “El amor sigue siendo niño” y “Nuestros Muchachos” del autor Álvaro Yunque
4- 353/1979 Dispone el secuestro de todos los ejemplares de “La muerte de la familia”
5- 406/1979 Dispone el secuestro de todos los ejemplares de la revista “1800”
Si se buscan los textos originales la justificación no sorprende. En la técnica legislativa, tanto para leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales, la primera parte de la norma suele contener los considerandos, mientras que luego continúa el texto con el articulado. Ahí está también a la vista la justificación de la dictadura para censurar.
La ordenanza 227, del 16 de diciembre de 1977, dice así:
“Visto: la orden impartida por el Ministerio del Interior de la Nación a través del Superior Gobierno de la Provincia respecto a que se debe proceder al secuestro e impedir la venta de todos los números de la edición n° 59 de la revista “LA SEMANA” de fecha 14 de diciembre de 1977 que se encuentren en kioskos, agencias distribuidoras y lugares de venta al público, por contener la misma una nota titulada “Encuesta: todo sobre el sexo” que atenta contra el pudor y la moral; y
Considerando: que esta Municipalidad debe proceder en consecuencia, ya que detenta el Poder de Policía de Moralidad y Costumbres en cuanto a todo tipo de publicaciones, de acuerdo a las disposiciones de la ley n° 4.646
El Intendente Delegado en la C. A. de San Miguel de Tucumán, Sanciona y Promulga la siguiente Ordenanza
1- Procédase al secuestro de todos los números de la edición n° 59 de la revistas “La Semana” de fecha 14 de diciembre de 1977 por contener la misma una nota que atenta contra el pudor y la mora, por intermedio de la Dirección de Cultura y Promoción Comunitaria, en los kioskos, agencias distribuidoras y lugares de venta al público.
2- Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal y archívese.
Y abajo de todo, los sellos oficiales: Carlos Enrique Díaz López, Coronel, Intendente Delegado.
El tono es el mismo en todas las ordenanzas de censura: “agravio a las autoridades nacionales”, “expresiones agraviantes de la Iglesia y las buenas costumbres”, “expresiones contrarias al proceso de culturización de la juventud”, “atentatarios de los principios éticos y religiosos de nuestro pueblo, gobierno e idiosincrasia”… hasta que “por el análisis del libro “La muerte de la Familia” de David Cooper, por cuanto de su análisis surge una posición nihilista frente a Dios, a la familia, al ser humano y a la sociedad y describe tácticas subversivas con propósitos de adoctrinamiento”. Las firmas y sellos cambian: a cargo de la intendencia interina también estuvieron Lorenzo Anodon y Oscar Paz -quien simplemente tenía el sello de “intendente”-.
En solamente una de estas ordenanzas se explicita qué se hará con el contenido “secuestrado”, quitado de circulación: su destrucción. Las quemas públicas de libros han sido habituales durante la dictadura argentina, en varias provincias. Una de las más grandes fue en Sarandí, cuando se quemaron un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina. La obra de muchos escritores, como por ejemplo Haroldo Conti, fue perseguida, confiscada e incendiada durante la dictadura. Ya en democracia el trabajo de muchas organizaciones y fundaciones lograron recuperar gran parte de su obra para mantener la memoria de Conti, secuestrado y desaparecido en mayo de 1976. Así pasó con la mayoría de los escritores y artistas censurados. Sin embargo, en Tucumán, la escala no llegó hasta quemas de libros en plazas y espacios públicos.
Ordenanza 323
San Miguel de Tucumán, 3 de noviembre de 1978
1- Procédase al secuestro y posterior destrucción de todos los ejemplares de los libros “El amor sigue siendo niño” y “Nuestros muchachos”, del autor Álvaro Yunque, editados por la Editorial Plus Ultra.
2- La Dirección de Cultura y Promoción Comunitaria adoptará las medidas pertinentes para el cumplimiento de la presente ordenanza, tanto en agencias distribuidoras como en Librerías, Kioscos y lugares de venta al público.
3- Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal y archívese.
Firma: Oscar Paz, Arquitecto, Intendente
Lorenzo Anodon, Secretario de Gobierno.
Los considerandos: “Se infiere que las mencionadas publicaciones son atentatorias de las buenas costumbres, siendo por lo tanto nocivas para el proceso de culturización y educación del público juvenil o infantil al cual vá (sic) dirigida”.
¿Quién fue Álvaro Yunque?
Uno de los grandes autores y dramaturgos argentinos, de los más perseguidos durante la dictadura. Su nombre completo era Arístides Enrique José Roque Gandolfi Herrero, su seudónimo fue Álvaro Yunque. Murió en enero de 1982, sin ver la recuperación de la democracia.
Publicó en La Protesta, un diario anarquista, y también colaboró con las revistas Campana de Palo, Claridad, Los Pensadores y Caras y Caretas. Tuvo a su cargo el suplemento literario de La Vanguardia, publicación socialista, así como la revista Rumbo. Después se incorporó al Partido Comunista.
La “década infame”, iniciada tras la caída de Yrigoyen, convirtió a Álvaro Yunque en un activo intelectual antifascista. En 1935 fundó la Agrupación de Intelectuales Artistas Periodistas y Escritores.
En 1945 dirigió el semanario El Patriota, lo que le valió la cárcel y el exilio durante el gobierno de Edelmiro Farrel. Con Juan Domingo Perón y la amnistía general para los exiliados y presos políticos. Regresó a Buenos Aires.
En 1964 fue designado miembro numerario de la Academia Porteña del Lunfardo.
En 1977, la dictadura militar prohibió y quemó sus libros. No obstante, en 1979 la Sociedad Argentina de Escritores le otorgó el Gran Premio de Honor. La censura la sufrió durante la última dictadura: tenía 88 años cuando prohibieron su participación en la Feria del Libro de 1977. Distintas resoluciones adoptadas por Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy prohibieron la circulación de sus obras y ordenaron el secuestro de los ejemplares publicados.
Parte de esa persecución también quedó reflejada en una ordenanza de San Miguel de Tucumán que, 42 años después de la recuperación de la democracia, ya no sigue vigente. Que al menos la historia se cuente y la memoria siga viva.
