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La docencia tucumana, históricamente precarizada

Por: Paula Barrionuevo

El inicio del ciclo lectivo en Tucumán volvió a estar atravesado por el conflicto salarial docente. Movilizaciones, negociación de paritarias y una conciliación obligatoria marcaron un tenso inicio de clases en una provincia donde el deterioro del salario educativo se acumula año tras año.
El conflicto se profundizó luego de la última negociación paritaria entre el gobierno provincial y los gremios docentes. La propuesta oficial contempló un incremento salarial del 11% en cuotas (8,4% en marzo y 2,6% en abril), que según el Ejecutivo llevaría el salario mínimo docente a alrededor de $970.000 de bolsillo. Mientras algunos gremios aceptaron la oferta, otros sectores la consideraron insuficiente frente al aumento sostenido del costo de vida y convocaron a un paro para el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, no se pudo concretar: la Secretaría de Trabajo de la provincia dictó conciliación obligatoria por 15 días, lo que suspendió el paro y obligó a continuar las negociaciones.
En este inquieto escenario, las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo agregaron aún más leña al fuego. Al referirse a las protestas docentes, el mandatario aseguró que el reclamo responde a “política gremial pura” y defendió la oferta salarial señalando que el salario “se fue a 970 mil pesos por cuatro horas de trabajo” (desacreditando los reclamos y ninguneando el trabajo docente).


Desde el gobierno provincial sostienen que la oferta salarial se encuentra en el límite de las posibilidades presupuestarias (como siempre en la historia tucumana). De hecho, la ministra de Educación afirmó que la provincia realizó “el máximo esfuerzo posible” y aseguró que “no hay más plata”, vinculando las limitaciones financieras con la situación económica nacional y la deuda que, según el Ejecutivo provincial, mantiene la Nación con Tucumán.
El contraste con la realidad cotidiana aparece con fuerza en los testimonios de docentes. Una profesora de Ciencias Naturales que participó de las movilizaciones cuestionó, a través de un video publicado en “Voz Docente”, las cifras difundidas por el gobierno y aseguró que el ingreso docente está muy lejos de lo que afirman las autoridades. “Los docentes no cobramos 970 mil pesos como dice el gobernador, no nos alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica”. También rechazó la idea de que el trabajo docente se limite a la presencia frente a estudiantes: “Es mentira que trabajamos solo cuatro horas diarias. Las planificaciones, evaluaciones y proyectos se hacen en la casa. A nosotros se nos paga sólo por las horas frente al aula”.
Muchos docentes necesitan acumular cargos o trabajar en varias instituciones para alcanzar ingresos que les permitan sostenerse económicamente, y aún así en numerosos casos esto no resulta suficiente.

¿Cuánto cobra una maestra?
Según recibos de sueldo a los que pudimos acceder, el salario de bolsillo de un docente con un solo cargo y antigüedad mínima ronda los $650.000, muy lejos de los dichos oficiales. 
Esto se explica en parte por la composición del propio salario. El básico se ubica alrededor de los $169.262, mientras que el resto del ingreso se conforma mediante la suma de distintos decretos estatales (entre ellos los aumentos). Como consecuencia, estos montos impactan de manera parcial (o directamente no impactan) en la jubilación futura.
Así, los aumentos que se otorgan a los docentes se aplican sobre el básico, pero no lo actualizan, sino que aparecen como un ítem más dentro del recibo de sueldo. Al mismo tiempo, quienes trabajan en dos o más cargos sólo perciben el sueldo de uno de ellos en su totalidad. A partir del segundo cargo, el salario comienza a reducirse y se paga como un porcentaje del sueldo original (entre el 60 y el 70%, según testimonios de docentes).
A esta discusión se suma otra problemática: la dificultad para acceder a información clara sobre la escala salarial del sector. Según explican los docentes consultados, no resulta del todo accesible (o por lo menos no mediante internet) una grilla oficial actualizada que permita conocer con precisión cuánto corresponde cobrar por cada cargo y antigüedad. Por ello, en el ámbito docente predomina una gran desinformación e incertidumbre al respecto. De hecho, en muchos casos, señalan, “no saben cuánto cobran hasta leer el recibo de sueldo.”

Las Juntas de Clasificación, en la mira
Al conflicto salarial, el Gobernador le sumó otro debate. Durante su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura, sostuvo que durante años en Tucumán “se venía designando a dedo a la docencia”, en referencia al funcionamiento de las Juntas de Clasificación docente en gestiones anteriores. Lo llamativo es que el propio Jaldo formó parte de esos mismos gobiernos, al igual que varios integrantes de su actual gabinete. Entre ellos se encuentra la actual ministra de Educación, Susana Montaldo, quien también ocupó ese cargo durante la gestión de José Alperovich.
Y si no es como dice Jaldo, ¿entonces cómo es? Si bien el mandatario planteó la existencia de designaciones “a dedo”, distintas voces del ámbito docente señalan que estos procesos suelen regirse por padrones y puntajes administrados por las juntas de clasificación. Según explican, formalmente las designaciones se realizan a partir del orden de mérito establecido en esos listados.
De acuerdo a la explicación brindada a Meta Crisis por una de las docentes vocales por ATEP en la Junta de Clasificación del nivel primario, el acceso a cargos docentes se rige por un proceso largo, burocrático y muy anticuado que incluye distintas instancias: la recepción de documentación en las juntas de clasificación, la inscripción, la publicación del padrón provisorio, el período de tacha y finalmente la publicación del padrón definitivo. Una vez cumplido todo ese proceso (que puede demorar aproximadamente un año o incluso más dependiendo de la gestión) recién el docente puede tomar o titularizar cargos mediante designaciones.
Estas designaciones se realizan según el padrón definitivo y responden a un criterio meritocrático basado en el puntaje que posee cada docente. Ese puntaje se adquiere mediante diferentes capacitaciones que usualmente suman entre 0.75, 1 o 2 puntos aproximadamente, dependiendo del tipo de capacitación.
El procedimiento continúa a través del SIME (Sistema Integrado del Ministerio de Educación). Los docentes se inscriben a las designaciones, concurren el día estipulado a la escuela cabecera y allí se lee en voz alta la lista de inscriptos, ordenada desde el puntaje más alto hacia abajo. Dependiendo de distintos factores, como si el docente ya posee un cargo o si corresponde a su circuito de residencia, el cargo finalmente lo toma la persona elegible con mayor puntaje.
Este sistema también presenta numerosas falencias. Una de las principales es que la obtención del puntaje corre por cuenta del propio docente y de su capacidad económica para financiar las capacitaciones. En otros momentos, plataformas como FORMAR (administrada por la provincia) o INFoD (administrada por Nación) ofrecían capacitaciones gratuitas con resolución. Sin embargo, actualmente se encuentran desfinanciadas o con su funcionamiento reducido, lo que deja a muchísimos docentes sin acceso a estas instancias de formación y, por ende, sin posibilidades de incrementar su puntaje.
Además, las capacitaciones otorgan un puntaje muy bajo, si se tiene en cuenta que el docente con puntaje más alto alcanza los 305 puntos (dato proveniente del padrón definitivo para titularizaciones en Juntas Primarias 2025). Esto vuelve difícil acceder a cargos (y prácticamente imposible titularizar) para docentes recién graduados.

La docencia tucumana y su precarización crónica
En este contexto, el argumento oficial de que “no hay más plata” aparece como una constante en la historia de la provincia cuando se trata de discutir el financiamiento educativo. Sin embargo, esta limitación presupuestaria parece aplicarse de manera selectiva. Mientras se invoca austeridad en sectores esenciales, las decisiones vinculadas al funcionamiento de la estructura política del Estado rara vez se discuten bajo el mismo criterio. Un ejemplo de ello fue el aumento salarial legislativo de diciembre de 2023, aprobado por unanimidad, que duplicó las dietas a pesar de las políticas de ajuste del gasto público que el gobierno provincial se encontraba ejecutando.
En definitiva, el conflicto docente no puede reducirse a una simple discusión gremial ni a una disputa política, como se intenta instalar. Detrás de las movilizaciones y los reclamos hay trabajadores que sostienen hogares y proyectos de vida a partir de su labor diaria en las aulas. Por eso, más allá de cualquier discusión política, la docencia merece respeto, reconocimiento y un salario digno que les permita vivir con la misma dignidad que su tarea demanda.
 

Meta Crisis, periodismo desde la periferia. Tucumán, Argentina