Más de trece millones de hectáreas de Argentina se encuentran actualmente en manos extranjeras, una extensión comparable con países enteros como Grecia (132.000 km²) o Inglaterra (130.000 km²). Esta superficie representa alrededor del 5% del territorio nacional y, más allá de la magnitud, especialistas advierten que el principal problema reside en la relevancia estratégica de las zonas comprometidas. Los datos se desprenden de un informe del Observatorio de Tierras Argentinas.
El Mapa Interactivo realizado por investigadores del CONICET muestra que este 5% de extranjerización se concentra en zonas fronterizas o en sectores estratégicos en cuanto a bienes naturales cómo glaciares, acuíferos, y minerales, los cuales quedan bajo el control de inversores y empresas transnacionales.
Mientras los investigadores alertan sobre el peligro de la extranjerización de nuestras tierras y recursos, el Senado se prepara para debatir el proyecto de ley presentado por el oficialismo, denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que flexibiliza la venta de tierras rurales a extranjeros y favorece a los grandes propietarios.
¿Cómo llegamos a este punto?
El avance de la extranjerización en Argentina tuvo un punto de inflexión en los años 90, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, cuando se autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, áreas históricamente protegidas por un decreto que establecía su venta exclusiva a ciudadanos argentinos. En ese contexto de desregulación se consolidaron casos emblemáticos, como la compra de las zonas cercanas a Lago Escondido por parte del magnate británico Joseph Lewis y la adquisición de tierras en Cushamen por parte del grupo italiano Benetton.
Más tarde, durante los años 2000, el aumento internacional del precio de los alimentos elevó el valor de la tierra a nivel global. En Argentina, esta situación, sumada a la devaluación, intensificó la compra de tierras fértiles por parte de capitales extranjeros.
Frente a esta problemática, durante el segundo gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner se sancionó la Ley de Tierras Rurales (2011). La normativa establece un límite del 15% de titularidad extranjera a nivel provincial y departamental, además de un máximo de 1.000 hectáreas en zonas núcleo (tierras rurales con mayor productividad y calidad para la actividad agropecuaria) con el fin de preservar la soberanía de nuestras tierras y de los recursos naturales.
Sin embargo, en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, el Decreto 820 flexibilizó los mecanismos de control y redujo los requisitos necesarios para la compra. Este decreto permitió informar cambios societarios en las empresas que adquirieron tierras una vez concretadas las compras, y modificó los criterios utilizados para definir quién es considerado “extranjero”. Esto repercutió en el registro real de las adquisiciones extranjeras realizadas desde entonces.
En la actualidad, el límite a nivel departamental no se estaría cumpliendo: según el informe del CONICET existen 36 departamentos en dónde el 15% de titularidad extranjera está excedido. Más grave aún, se registran casos en Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la titularidad supera el 50%, esto significa que más de la mitad de esos departamentos pertenecen a entidades extranjeras.
En cuanto a Tucumán, el 4% de su extensión se encuentra bajo titularidad extranjera, y los principales capitales internacionales que intervienen en la provincia provienen de España y Bélgica. Cruz Alta es el único departamento que excede el límite, con un 16% de extranjerización.
Una ley que elimina límites
Desde que La Libertad Avanza asumió el poder, la Ley de Tierras Rurales estuvo en constante amenaza: en 2023 fue derogada mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. No obstante, esta derogación quedó suspendida ya que en enero de 2024 el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó un amparo en la justicia. Hoy, su vigencia se ve nuevamente amenazada por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que comenzó a tratarse el 8 de abril en comisiones del Senado y el 20 de mayo obtuvo dictamen favorable.
Este proyecto, impulsado por el ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habilita, entre otros puntos, la extranjerización sin límites de las tierras rurales y permite la devastación ambiental de las mismas. La iniciativa, que ve a la tierra como un activo económico por sobre su función social, se articula con otros proyectos sancionados, cómo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y las modificaciones a la Ley de Glaciares.
En caso de ser aprobada por el Congreso, la ley permitiría la compra sin límites de extensiones de territorio argentino, incluso en zonas que contengan cuerpos de agua o se encuentren cercanas a ellos. El proyecto delega a las provincias la facultad de aprobar las ventas a capitales extranjeros. Las únicas adquisiciones que continuarían bajo regulación serían las realizadas por otros Estados. Sin embargo, al no establecer prohibiciones taxativas, se permitiría que gobiernos extranjeros puedan igualmente adquirir propiedades mediante una autorización del Poder Ejecutivo.
Con estas derogaciones (los límites de superficie y las prohibiciones de venta de tierras con recursos hídricos) el proyecto puede pasar a funcionar como un blanqueo de tierras compradas de manera irregular en el pasado.
También se pretende eliminar los plazos de prohibición automática (de 30 a 60 años) para el cambio de uso del suelo que se aplicaban tras un incendio, una medida establecida en La Ley de Manejo del Fuego que busca evitar incendios intencionales junto a la especulación inmobiliaria.
El proyecto es rechazado por organizaciones campesinas, ambientales, sociales y territoriales. Entre ellas se encuentra la Mesa Agroalimentaria Argentina, que advierte: “Este proyecto profundiza la concentración de la tierra, facilita desalojos, debilita la Ley de Manejo del Fuego y habilita aún más la extranjerización de nuestros territorios”.
Lo que está en juego: el acceso a las tierras y la soberanía de nuestros recursos
Las consecuencias sociales y ambientales que conllevan la explotación intensiva de la tierra no son una novedad. Hace años que organizaciones ambientales locales e internacionales advierten acerca de los costos de los modelos extractivos: cómo repercuten sobre la salud, las condiciones de vida y las economías de sociedades que dependen de esos ecosistemas en juego. Estas advertencias no son abstractas, podemos mencionar casos puntuales como la situación en Tinogasta, Catamarca, donde vecinos denuncian la escasez y contaminación del agua resultado de los proyectos mineros que se encuentran instalados en la región.
Priorizar la tierra únicamente como un activo económico profundiza procesos de desplazamiento y marginación de comunidades originarias, e incrementa la conflictividad social. Pero, sobre todo, la concentración de territorios estratégicos en manos extranjeras pone en riesgo nuestra soberanía. En caso de avanzar, el nuevo proyecto de ley no sólo redefiniría el régimen de propiedad de la tierra, sino también quiénes tendrán capacidad de decisión sobre nuestros recursos y sobre el futuro ambiental, económico y social del país.
Aproximándonos a una nueva conmemoración de la Declaración de la Independencia Argentina, reflexionar sobre el significado de esta palabra se vuelve fundamental. Si la independencia es, esencialmente, la capacidad material de un país para decidir sobre su destino, ¿qué futuro nos espera si perdemos el control sobre nuestras tierras y nuestros recursos naturales?
