La soberanía territorial, un bien colectivo en juego
La derogación de la Ley de Tierras, dispuesta por el decreto 70/23 del gobierno de Javier Milei, todavía no tiene una resolución definitiva. Mientras la Cámara de Diputados tiene pendiente tratar el rechazo al DNU en una sesión prevista para el 15 de octubre, la Corte Suprema también deberá resolver el amparo presentado por asociaciones civiles de Río Negro, que solicitaron que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154, que derogó la Ley 26.737.
La normativa, sancionada en 2011, establece un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones para la adquisición de tierras en zonas de frontera y próximas a grandes cuerpos de agua. Su objetivo es preservar la soberanía territorial y proteger los recursos naturales del país.
Aunque la Ley de Tierras continúa derogada mientras se resuelven estas instancias, la discusión excede los límites de una norma sobre propiedad. ¿Qué puede implicar para nuestra soberanía territorial la eliminación de estas restricciones?
Agustina Tarcaya, referenta de Sur Ambiental Organización Socio Ambientalista (SASA), un grupo de jóvenes que hace más de seis años trabaja por un cambio socioambiental, ayuda a pensar los riesgos de este nuevo escenario.
“La derogación de la ley de tierras es un agregado más a una realidad que ya es bastante preocupante en términos ambientales. No solo por el avance de la crisis climática, sino por lo que está sucediendo a nivel nacional con los recortes presupuestarios y con los intentos de derogar o flexibilizar normas que protegen los recursos naturales”, advierte.
Más especulación y más desmontes
En este contexto, una de las problemáticas que alertan desde SASA es que la derogación puede convertirse en un incentivo a la especulación financiera y al desmonte.
“Al ser la tierra un activo financiero, esto puede incentivar la especulación y, por lo tanto, el desmonte, que es una problemática ya realmente alarmante en muchas regiones de nuestro país, como el Gran Chaco. Esto pasa incluso con la Ley de Bosques vigente, que es una ley importantísima y que en su reglamentación prohíbe desmontar en determinadas zonas”.
La referente ambientalista explica que la Ley de Bosques ya se encuentra sumamente debilitada y que actualmente cuenta con un presupuesto 28 veces menor al que le corresponde por ley.
El control del agua, otro de los riesgos
El agua es otro de los recursos que está en juego, especialmente ante la posibilidad de adquirir tierras ribereñas o cercanas a grandes cuerpos de agua.
“Si hablamos de los riesgos, lo que más preocupa es el control del agua. La Ley de Tierras tenía restricciones importantes para la compra de tierras ribereñas, cercanas a grandes cuerpos de agua, y también en zonas de frontera”.
Según analiza Agustina, aunque los cuerpos de agua que son dominio público continuarán siéndolo, la ausencia de restricciones puede permitir que el propietario de las tierras controle físicamente el acceso a ríos, diques o lagos que se encuentren dentro de su propiedad. Un ejemplo es el caso de Lago Escondido, en Río Negro, cuyas tierras aledañas son propiedad del empresario británico Joseph Lewis.
La concentración de la tierra y el desplazamiento de comunidades
Desde SASA también advierten que la llegada de capitales extranjeros puede profundizar la concentración de la tierra y el desplazamiento de comunidades indígenas.
“Esto no es algo nuevo, no es que antes no pasaba, pero entendemos que, al ser una derogación que busca incentivar la llegada de las famosas inversiones, es decir, la compra de tierra por parte de capitales extranjeros, lo que ya pasaba antes, que tenía que ver con desplazar a pequeños productores y a comunidades indígenas, se va a ver potenciado”.
La referente también pone en cuestión el argumento del Gobierno nacional de que la llegada de capitales extranjeros se traduce necesariamente en crecimiento económico y generación de empleo: “lo podemos ver en los Departamentos con mayores porcentajes de extranjerización, en los que no hay una relación directa entre participación extranjera y crecimiento laboral e inversiones”.
En este sentido, cuestionó que el RIGI y el “super RIGI” otorguen beneficios excesivos a las corporaciones extranjeras para explotar la tierra sin que eso se traduzca necesariamente en desarrollo o en una generación significativa de empleo en las regiones con altos índices de extranjerización.
Rechazo en las calles y en el Congreso
El fallo de la Corte generó una rápida reacción de la oposición, que logró convocar a una sesión en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70/23. La sesión está prevista para el 15 de octubre, y coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria, una nueva jornada nacional de protesta en reclamo de mayor presupuesto y mejoras salariales para las universidades públicas.
El fuerte rechazo social que generó la decisión del máximo tribunal también aceleró los tiempos de la Justicia: el martes fueron sorteados dos conjueces que deberán intervenir en el amparo presentado por asociaciones civiles de Río Negro, que solicitaron la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU 70/23.
De cara al 15 de octubre, la oposición enfrenta el desafío de reunir los votos necesarios para lograr el rechazo del megadecreto. En paralelo, la discusión continúa en los tribunales. En ambas instancias se define el futuro de una norma clave para nuestra soberanía territorial.
