El 8 de marzo se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Facundo Ferreira, un niño de 12 años que fue asesinado de un balazo en la nuca por policías de la provincia en 2018. Se trata de un caso paradigmático de violencia policial y de criminalización de las niñeces y adolescencias en Tucumán.
Facundo tenía 12 años y vivía en el barrio Juan XXIII con su abuela. Había finalizado la escuela primaria el año anterior y estaba por iniciar la secundaria. La noche del 7 de marzo, su amigo Juan, de 14 años, lo invitó a ver carreras de motos en el Parque 9 de Julio. De madrugada, cuando regresaban en moto, dos policías motorizados comenzaron a perseguirlos. Los agentes iniciaron una balacera que terminó con la muerte de Facundo por un disparo en la nuca y con Juan herido en una pierna.
Los agentes Mauro Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca manipularon la escena para que pareciera que habían actuado en legítima defensa y que los chicos iban armados. La versión policial apuntó contra Juan y Facundo y los agentes fueron liberados el mismo día del crimen.
Desde un principio, el accionar de los policías recibió el respaldo de la cúpula de seguridad de la provincia y también a nivel nacional. En 2018 fue el auge de la “doctrina Chocobar”, impulsada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En diversos medios de comunicación locales y porteños, Facundo era tildado de “delincuente” y responsabilizado por su propio asesinato.
Sin embargo, las pericias fueron contundentes para desarmar el aparato de impunidad policial. Los agentes dispararon doce balas: once de plomo y una de goma. Facundo y Juan no efectuaron ningún disparo: no estaban armados. Además, los análisis toxicológicos confirmaron que uno de los policías había consumido cocaína y marihuana.
La investigación reveló además que los policías demoraron en asistir a Facundo: el asesinato ocurrió a la 1.23 de la madrugada, pero tardaron en trasladarlo al Hospital Padilla. En la guardia fue ingresado como si hubiera sufrido un accidente de tránsito. Recién a las 4.30 avisaron a la familia. Ambos oficiales fueron imputados por homicidio agravado.
En octubre de 2021 fueron condenados a prisión perpetua. La Cámara Conclusional los consideró coautores de homicidio doblemente agravado: por alevosía y por el ejercicio abusivo de la función de miembros de las fuerzas de seguridad, además del uso de armas de fuego y el incumplimiento de deberes de funcionario público.
Sin embargo, en 2023 la Corte Suprema de Justicia de Tucumán anuló la condena y ordenó la realización de un nuevo juicio. Finalmente, en ese segundo proceso, Nicolás González Montes de Oca fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de homicidio, mientras que Mauro Díaz Cáceres recibió una pena de 20 años.
El caso de Facundo Ferreira visibiliza la cara más cruel del Estado, que arremete contra la humanidad de los niños, niñas y adolescentes y que pone todo su aparato en legitimar las prácticas ilegales de sus agentes y presentar a los adolescentes pobres como peligrosos. A ocho años de este crimen, los pibes siguen cargando con el peso de la inseguridad, cuando las estadísticas muestran que su participación en delitos graves es muy baja. La baja de la edad de punibilidad impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada en el Congreso no solo legaliza esta criminalización, sino que también legitima el punitivismo y la violencia institucional contra las adolescencias, profundiza la exclusión y la convierte en política de Estado.
La organización ANDHES, que fue la primera en acompañar a la familia de Facundo, observa con preocupación el panorama local: “la habilitación de un pabellón para adolescentes dentro del complejo penitenciario para adultos Benjamín Paz y la detención de una niña de 12 años mientras filmaba un operativo policial en su barrio, demuestran que en la provincia atravesamos un grave retroceso en las políticas destinadas a adolescentes y en la protección de su integridad”.
En un país donde dos de cada tres niñas y niños son pobres (según UNICEF) y la violencia estatal recrudece, recordar a Facundo Ferreira es un imperativo para seguir exigiendo mayor protección para las infancias y adolescencias. Cuando el Estado habilita más castigo, más encierro y más violencia institucional, quienes terminan pagando el costo son siempre los mismos: chicos y chicas de los barrios populares.
