Crisis policial, carcelaria y judicial en Tucumán_Por Sebastián Lorenzo Pisarello
“Soy policía”
Hace unas semanas, cinco agentes de la Planta Transitoria Policial (PTP) fueron despedidos por orden del gobernador Osvaldo Jaldo. Tres de esos policías, fuera de horario de servicio, hirieron a un empleado municipal al tratar de eludir un control de alcoholemia. El cuarto policía, quedó involucrado en una causa de narcomenudeo y el quinto efectivo fue expulsado por estar acusado de participar en el intento de huelga policial, desarticulada hace un mes. No all police pero…
Secuestro extorsivo
Tres agentes de la policía de Tucumán —junto a una cuarta persona no identificada— fueron imputados por la Justicia Federal por haber intervenido, en el secuestro de un transa. Se lo llevaron de su casa con el fin de obtener un rescate a cambio de su liberación, lo que ocurrió a las pocas horas. Según la investigación de la Fiscalía Federal a cargo de Agustín Chit, los cuatro hombres llegaron al domicilio armados y vestidos de civil para encontrarse con la víctima, quien iba a venderles 20 gramos de marihuana a cambio de 30 mil pesos. Tres empanadas.
De nuevo como en el 2013
A finales de febrero, el gobernador denunció un intento de sedición por parte de un sector de la policía. “No vamos a tolerar ningún tipo de accionar fuera de la ley, (…) menos de la policía de Tucumán que es la que tiene que cuidar a los tucumanos”, declaró Jaldo. Esto sucedió mientras la justicia provincial juzga a 43 policías por la sedición de 2013 que desencadenaron en saqueos y muertes. Ahora, como en aquella oportunidad, se habló de “manzanas podridas”. Pero…¿no estará podrido el cajón en realidad?
Contravenciones
El informe de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de febrero de 2024 denuncia más de mil detenciones por contravenciones. “Es una herramienta que se usa contra ciudadanos varones, morochos y pobres, habitantes de barrios periféricos. Es la principal forma que adopta el abuso policial”, planteó el informe.
La Ley de Contravenciones Policiales Nº 5140 fue declarada inconstitucional el 5 de octubre del 2010 y ningún gobierno se animó a modificarla como exige la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Lo hará Jaldo?
Razzias
La Comisión también denunció que policías realizan detenciones masivas o razzias “basadas en la incorrecta aplicación de la ley 5140 que faculta a reprimir una extensísima lista de contravenciones”. Las violaciones a los derechos Humanos que derivan de estas razzias son numerosas: desde lugares de detención que no tienen las condiciones mínimas para alojar personas hasta detenidos torturados hasta quedar como “despojos humanos”, según reza el informe.
Crisis carcelaria
El 2 de septiembre de 2021, un incendio en la Brigada Femenina de Concepción, durante una protesta por las malas condiciones de detención, resultó en la muerte de Rocío Mendoza, Yanet Saquilán, María Saravia, y Macarena Salinas, quienes fueron encerradas con candado dentro de su celda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este hecho e instó al Estado Argentino a investigar y a no usar las comisarías como cárceles permanentes. Las oficiales que prestaban servicios en la Brigada el día del incendio fueron absueltas. La crisis carcelaria persiste en su máxima expresión.
El 2 de septiembre de 2021, durante una protesta en la Brigada Femenina de Concepción en la que las mujeres alojadas reclamaban las malas condiciones de detención, se produjo un incendio que causó el fallecimiento de 4 jóvenes: Rocío Micaela Mendoza, Yanet Yaqueline Saquilán, María José Saravia y Macarena Salinas murieron por asfixia, calcinadas y abrazadas, encerradas con candado dentro de la celda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las muertes, instó al Estado Argentino a investigar con debida diligencia y recordó que debe cesar la utilización de las comisarías como lugares de alojamiento permanente. Por el hecho fueron juzgadas y absueltas las 3 oficiales y la jefa que prestaban servicios en la Brigada el día del incendio. Sin embargo, continúa la crisis carcelaria en su máxima expresión.
El problema de los tres poderes
Según la organización Andhes, “el poder judicial juega un rol fundamental en la crisis policial, carcelaria y de seguridad en la que se encuentra Tucumán, con una política criminal que se basa en la sobreprisionalización y el abuso de las prisiones preventivas, llenando aún más las comisarías y lugares de detención en donde miles de personas se encuentran hacinadas, en condiciones ilegales de absoluta indignidad y riesgo de vida. Es necesario que los tres órganos del poder judicial (jueces, fiscales y defensores) se involucren en la problemática y evalúen sus prácticas, entendiendo que su responsabilidad no termina cuando se dicta sentencia”.
¿Hay plan de seguridad?
Estos no son hechos aislados. El contexto de crisis, donde ningún sueldo alcanza, también impactará en la institución policial. Las contravenciones policiales han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos como una “caja de recaudación en negro”. Ya existen al menos dos causas por secuestro extorsivo donde los acusados son policías. Las cárceles están atiborradas y eso también impacta en el ánimo policial. De hecho, el fin de semana se escaparon nuevamente presos de una comisaría, en este caso la séptima. No son hechos aislados ni fortuitos.
Reformar la policía
Andhes considera “imprescindible que en un Estado democrático, entre las estrategias que se lleven a cabo para luchar contra la violencia y el delito, se desarrollen y pongan en marcha planes y programas de reforma de la institución policial, para adecuarla en todos los aspectos en los que la lógica de violencia institucional vulnera derechos humanos fundamentales de sus trabajadores (los miembros de las fuerzas de seguridad) y de la sociedad tucumana en su conjunto”.
Aquí, el informe en nuestras redes:
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