El Senado de la Nación debate este jueves un proyecto para modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares Nº 26.639, sancionada en 2010. La reforma, impulsada por el oficialismo, propone redefinir los espacios protegidos con el objetivo de facilitar la explotación minera.
“La Ley de Glaciares fue aprobada en 2010 luego de una intensa lucha de organizaciones ecologistas y ciudadanas. En un primer momento había sido vetada, en medio del debate sobre la inclusión del ambiente periglacial. Finalmente, la norma se sancionó manteniendo esa protección. Hoy se pretende eliminarla, lo que dejaría desprotegidas áreas estratégicas que producen agua de calidad para la vida, por ejemplo en el cordón del Aconquija y en las Cumbres Calchaquíes” explica Diego Frías de la Asociación Civil Pro-Eco.
¿Quienes están detrás de esta reforma? Frías es categórico: “La modificación de la ley es impulsada mediante lobby en el Congreso por corporaciones extractivistas como Barrick Gold, Río Tinto y Glencore, entre otras. En este contexto, desde Glencore están desesperados con el comienzo de la explotación del yacimiento Agua Rica, parte del proyecto MARA, para el cual ya existe un acuerdo con la UNT y con YMAD”.
La reforma, además, desplaza el enfoque preventivo y científico de la normativa actual, priorizando decisiones basadas en criterios económicos. “Con la modificación, las investigaciones quedarían en manos de las provincias, relegando o incluso paralizando el trabajo del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). Esto implicaría que un relevamiento que hoy es científico y socioambiental pase a depender de decisiones políticas provinciales de intereses coyunturales”, explica el referente de Pro-Eco.
La iniciativa del oficialismo cuenta con el apoyo de gobernadores de provincias pro minería. Raul Jalil, gobernador de Catamarca, argumentó que “no hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”. Sin embargo, Frías advierte que “sin glaciares no hay agua, y sin agua no hay trabajo ni producción, por ejemplo en actividades como la agroecología”.
“La modificación de la ley es promovida por multinacionales de la megaminería en articulación con gobernadores que respaldarían la reforma a través de sus representantes legislativos, priorizando intereses económicos por sobre el derecho colectivo al agua y al ambiente”, agrega. Y advierte que la megaminería no genera empleo sostenible, habilita prácticas de corrupción, contamina fuentes de agua y produce daños irreversibles en los territorios.
En un contexto de pérdida acelerada de glaciares a nivel mundial como consecuencia de la crisis climática, numerosas organizaciones ambientales nacionales e internacionales advierten que la reforma que se debate en el Senado pone en riesgo la protección uniforme de estos ecosistemas estratégicos para la vida.
Foto de portada: Señal Calafate