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Salud mental: una ley provincial que necesita decisión política

17 octubre, 2025

Por: Camila Lopez Morales

Esta semana, un joven de 24 años pasó cinco horas subido a la antena de una comisaría en El Manantial, pidiendo ayuda desesperada para superar su problema de adicciones.

En un contexto de crisis de salud mental y de consumo problemático de sustancias, el Gobierno de Tucumán promulgó una ley que busca garantizar una atención integral, comunitaria, no manicomial y con enfoque de derechos humanos.

La Ley N° 9923, sancionada por la Legislatura en septiembre, se propone coordinar acciones entre ministerios, promover la prevención y detección temprana, y asegurar capacitación y acceso a tratamientos.

La norma actualiza la adhesión de la provincia a las leyes nacionales de Salud Mental y de Prevención del Suicidio. Es decir, el nuevo texto es una modificación de la Ley N° 8.726 —mediante la cual Tucumán había adherido a la Ley Nacional de Derecho a la Protección de la Salud Mental (N° 26.657)— e introduce cambios en la Ley N° 8.921, de adhesión a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (N° 27.130).

Para analizar el impacto de esta norma provincial, consultamos con tres profesionales que trabajan la temática, quienes valoraron aspectos positivos y también expresaron inquietudes sobre ciertos puntos, como los referidos al presupuesto y al Órgano de Revisión provincial.

Lo positivo

Benjamín Azar, psicólogo y referente del CEA, una organización que promueve estudios y acciones en salud mental y derechos humanos, celebró la sanción de esta norma:

“Desde el CEA hacemos una lectura muy positiva de estas modificaciones. Es una ley que respeta el espíritu de la ley nacional, con perspectiva de derechos humanos, de género y comunitaria. Nos parece que está muy bien y que es contraintuitiva en relación con los tiempos que vivimos”.

Azar destacó la impronta local de la norma y el nuevo programa de “resocialización” para personas internadas crónicamente, denominado Vuelta a Casa:

“Es una adaptación de un programa brasilero que busca generar condiciones para que personas que pasaron muchos años internadas en hospitales psiquiátricos puedan ser externadas. De esta manera no solamente se mejoran las condiciones de vida de estas personas, sino también contempla habilitar camas para poder tratar en las distintas instituciones de salud a personas que tienen problemáticas agudas”.

Por su parte, Sol Forgas, presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, también considera esta ley un avance:

“Valoramos que la Legislatura haya aprobado de manera unánime una modificación que recupera y profundiza principios fundamentales de la Ley Nacional 26.657. Destacamos la mención expresa al presupuesto específico, la incorporación de la perspectiva comunitaria, la georreferenciación de los dispositivos y la creación de una Comisión Interministerial que promueva el trabajo articulado entre los distintos sectores del Estado. Se trata de aspectos que fortalecen el marco de derechos y pueden contribuir a una política de salud mental más integral y cercana a las necesidades reales de la población”.

Emilio Mustafá, director de Prevención y Asistencia de Adicciones de Tucumán, remarcó la importancia de que las adicciones sean abordadas como parte de las políticas de salud mental:

“La ley reafirma el concepto de que las adicciones deben ser tomadas como parte integral de una problemática de salud mental. Esto refuerza la idea de una mirada multicausal sobre el fenómeno, entendiendo que las personas con problemas de adicciones son sujetas de derechos, y no desde una mirada punitivista —como la que ciertos sectores del Estado sostienen— que las considera delincuentes. En ese sentido, creo que la ley es un aporte”.

Lo que genera preocupación

Azar señaló dos puntos críticos: el presupuesto y la ausencia de un órgano de revisión provincial:

“El artículo que habla del presupuesto establece que el de salud mental debe representar al menos el 10% del presupuesto de salud provincial, lo mismo que la ley nacional. Pero se agregó que esto estará sujeto a las posibilidades del Tesoro provincial. Eso deja abierta la puerta para que nunca se llegue a implementar ese nivel de financiamiento.

Otro punto que nos preocupa es que en ningún momento se habla de la creación del Órgano de Revisión provincial, que es un dispositivo clave para la implementación de la ley porque es el que permite controlar su cumplimiento, hacer de nexo entre los efectores de salud y el Poder Judicial y controlar las internaciones involuntarias”.

Forgas coincide y advierte sobre la necesidad de garantizar la implementación:

“Miramos con optimismo la sanción de una ley que reconoce y amplía derechos, pero también con realismo: la verdadera transformación dependerá de su implementación efectiva. Será necesario garantizar la bajada presupuestaria correspondiente y la puesta en marcha de la Comisión Interministerial, la cual deberá instar a que todos los ministerios involucrados destinen recursos específicos al abordaje de la salud mental.

Desde el Colegio continuaremos insistiendo, además, en la constitución del Órgano de Revisión local, cuya ausencia en el texto sancionado nos llama la atención. Ese órgano es indispensable para controlar, supervisar y acompañar el cumplimiento de la ley, así como para intervenir ante posibles vulneraciones de derechos en instituciones de salud mental”

Mustafá, por su parte, centró sus objeciones en el predominio del modelo médico hegemónico:

“Al establecer como principal órgano de aplicación al SIPROSA, se parte de una mirada que, si bien reconoce que la salud mental es un fenómeno integral —biopsicosocial—, termina limitándose al ámbito sanitario.

Entiendo que es necesario que el sistema de salud pueda abordarlo en sus distintas dimensiones —primaria, secundaria y terciaria—, pero me parece que queda algo recortado respecto de otras experiencias del Estado que trabajan desde una perspectiva de salud mental comunitaria. Al momento de elaborar esta ley no se tuvo en cuenta a la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social. Desde los CEPLA (Centro Primario de las Adicciones) abordamos la salud mental desde una perspectiva comunitaria, algo que el modelo médico hegemónico muchas veces no contempla”.

Que no quede solo en papel

Los profesionales coinciden en que esta nueva norma representa un avance en la adecuación del marco provincial a las normativas nacionales y en la incorporación de una mirada más integral y con perspectiva de derechos. Sin embargo, su impacto real va a depender de la voluntad política para garantizar presupuesto, control y articulación entre las distintas áreas del Estado.

En medio de una crisis de salud mental, con aumento significativo de padecimientos y una alta demanda de atención en el sector público, la sanción de una ley es apenas el primer paso hacia una política pública sostenida que pueda dar respuesta a una problemática compleja y urgente en Tucumán.

Foto de portada: CEA Tucumán