Si se hacen los boludos en 2027 no habrá periodistas, sólo operadores como Viale y Majul

Tic, toc, tic, toc. Al año legislativo del Congreso le queda sólo noviembre para tratar un nuevo Estatuto del Periodista y esperamos como los músicos del Titanic. Ha sido un gusto. Claramente no hay apuro en el Congreso, el 31 de diciembre cae la ley vigente que regula la actividad. Y en su lugar no hay nada. Justo a tiempo: el 2027 súper electoral podría transitar con el periodismo sin ninguna cobertura legal vigente para darles cobertura a los trabajadores de prensa. No espero nada de este Congreso y aún así decepciona.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) lanzó una campaña para que al menos se apruebe una prórroga de un año para dar más tiempo al tratamiento de un nuevo estatuto que regule el sector. La situación es dramática: si la ley cae, en vez de información en los medios y redes sociales sólo veremos “operetas”: seguirá Majul y Viale. Pero nada asegura la permanencia y cobertura en los medios ni siquiera de Hugo Alconada Mon, a quien el presidente Javier Milei pidió expresamente a miembros del directorio de La Nación que sea corrido.

El quilombo viene así: a comienzos de año se aprobó la “(Des)Reforma Laboral” de Milei con la promesa de que aumentaría el trabajo formal. Como se anticipaba, sólo ocurrió lo opuesto. En el paquete de destrucción republicana, se incluyó la derogación de la ley 12.908 del Estatuto del Periodista Profesional. Como no se sugirió una norma de reemplazo, la alternativa a quedarse sin marco legal fue una negociación de último momento para dar un plazo de 10 meses hasta que la derogación entre en vigencia. ¿Eso fue lo mejor de los opositores pelucas como Beatriz Ávila (senadora electa por Cambiemos, vuelta al PJ y periodista de profesión)?

Sin estatuto, ya dijimos en febrero que se ve afectada la “libertad de prensa y libertad de pensamiento”, que son derechos inalienables de los trabajadores de prensa. La norma que deja de tener vigencia en dos meses autoriza el libre tránsito por la vía pública y el acceso libre a toda fuente de información de interés público. Es decir, si la derogación entra en vigencia, el 2 de enero Milei en la Rosada o Jaldo acá en la Casa de Gobierno pueden definir quién puede pasar y quién no puede ingresar para trabajar, sea periodista, comunicador, influencer o como quieras llamarle. O peor: que no trabaje nadie. 

El estatuto además brinda estabilidad laboral. Si una figura del poder, un gobernador, un juez de la Corte o el presidente están enojados por la investigación de un periodista, el despido sin causa debe indemnizar con un régimen especial e informarse con seis meses de anticipación. Sin estatuto, los medios podrán despedir periodistas ante la presión de los grupos de poder.

El estatuto regula el acceso y ejercicio de la profesión y promueve estándares éticos, además de reconocer que es una tarea que implica la exposición a amenazas y demandas intensas. No es una norma “obsoleta” como justifica Milei, al contrario, protege contra la “uberización” de los trabajadores de prensa. Derogando sin sustituir por una norma que modernice y preserve el oficio, la calidad periodística argentina quedará condenada al ejercicio de la mera difusión de la versión oficial. 

Hay cinco proyectos de ley en el Congreso proponiendo nuevos regímenes que regulen el Estatuto del Periodista Profesional. El objetivo es aggiornarlo para que la ley contemple a las nuevas tecnologías y a los medios en redes sociales. Pero como el oficialismo mileísta no tiene interés en darle lugar al debate, está más ocupado en no dar quórum para bloquear el rechazo del DNU 70/23, que modificó la estructura jurídica del país sin urgencia ni necesidad -justificable-.

FOPEA junto a otras organizaciones y sindicatos, inició una campaña para prorrogar la vigencia del estatuto un año más y ampliar el plazo para proponer un nuevo régimen que sea superador del actual, que tiene 70 años de vigencia. El periodista Fernando Stanich, presidente de FOPEA, apunta al contexto hostil para la prensa, en el que la derogación del estatuto sólo contribuiría a dañar la calidad de nuestra democracia. 

Stanich afirma, en base a un estudio propio, que atravesamos “el momento de mayor hostilidad contra la prensa de los últimos años.  Y no se trata de una sensación, sino de datos de la realidad”. Según el Monitoreo de Libertad de Expresión, 2025 marcó el record de agresiones contra periodistas desde 2008.  Incluso superando el pico de 2013. Y el año en curso seguramente supere los números de 2025. Porque la tendencia se acentúa. “De esos ataques, el 60% tuvieron como protagonista al presidente de la nación. Son más de 50 los periodistas insultados por el Presidente. Y para completar el cuadro, el tipo de ataque que más creció en el último año fue el judicial: un 150% de aumento. Esto nos muestra que la censura, en la Argentina, ya se volvió ambiente habitual”, expone. “Por eso venimos a alertar que la derogación sin sustitución del Estatuto del Periodista puede representar el golpe de gracia para el ejercicio del periodismo independiente y profesional en Argentina. Por eso venimos a ratificar que no se trata de proteger privilegios sectoriales, sino de defender el paraguas legal que permite que la información circule medianamente sin presiones políticas ni económicas. Si cae el estatuto, no solo pierde el periodista; pierde la sociedad la posibilidad de acceder a información confiable”.

Sin marco legal, la actividad periodística quedará absolutamente desamparada. “Quitar la única protección legal específica del sector en este momento implica dejarlo desguarnecido. Ahora bien, defendemos el estatuto pero no negamos sus anacronismos. FOPEA reconoce que el ecosistema mediático cambió y que la ley necesita ser actualizada. Pero la solución no es el vacío legal. No dejemos la libertad de expresión a la deriva de los poderes de turno ni al desamparo legal. Avancemos con un nuevo texto. Nuestra propuesta define al periodista profesional de forma amplia y consagra ejes centrales. Voy con algunos:

1- el acceso a fuentes públicas y el libre tránsito; 

2- la independencia frente a presiones externas, con cláusula de conciencia y reserva absoluta de fuentes;

3- el derecho a la firma y a la propiedad intelectual frente al uso de inteligencia artificial; 

4- la protección de la salud mental y la seguridad digital en coberturas de riesgo; 

5- la adaptación del pluriempleo;

6- La protección a los periodistas del hostigamiento y seguimiento digital

“Y explico el por qué: si el periodismo pierde su marco legal de protección, no pierde solamente un beneficio sectorial, pierde parte de su capacidad de cuestionar al poder. Y una sociedad sin esa capacidad tiene como futuro, inevitablemente, una democracia de peor calidad”, completó Stanich, al tiempo en que reiteró la necesidad de sumarse a la campaña de firmas por la defensa del Estatuto. 

Con este panorama, si no progresa el pedido de FOPEA y de todo el arco periodístico, el 2027 electoral tendrá la peor calidad periodística posible. Y con eso se benefician los grupos de poder que se dedican a los carpetazos, las fakes news electorales y la carroña. Cuidado, el golpe no va sólo contra las y los periodistas, el impacto va contra toda la sociedad. Sin prensa de calidad, tendremos una peor democracia.