En las últimas semanas, las escuelas secundarias del país se vieron envueltas en un clima de tensión y alarma a raíz de las amenazas de tiroteos dentro de las instituciones educativas, configurando una problemática nacional. Uno de los episodios más graves ocurrió en la provincia de Santa Fe, donde un ataque armado con víctimas fatales encendió las alarmas sobre los niveles de violencia que atraviesan a las comunidades educativas.
En este contexto, en Tucumán la proliferación de denuncias (mediante pintadas en los baños), sumada al episodio en el que un alumno de 17 años ingresó a una clase con un revólver cargado con seis balas, profundizó la preocupación. La forma de abordar y resolver esta crisis deja al descubierto un profundo debate entre el gobierno, los docentes y los propios estudiantes.
La estrategia del gobierno
Frente a este escenario, la respuesta del gobierno provincial se orientó hacia la intervención directa de las fuerzas de seguridad en las escuelas. Como primera medida preventiva, el Ministerio de Seguridad dispuso el despliegue de 2.500 efectivos pertenecientes a distintas divisiones policiales, como Infantería, el Grupo Cero y la división motorizada, para custodiar el ingreso a los establecimientos educativos de toda la provincia.
Desde el Poder Ejecutivo, el gobernador Osvaldo Jaldo definió la problemática desde un enfoque estrictamente penal, argumentando que advertir sobre posibles disparos constituye una amenaza y, por lo tanto, un delito al que debe aplicársele “todo el peso de la ley”. En sus declaraciones, el mandatario sostuvo que las medidas de contención pedagógica aplicadas hasta el momento claramente no están funcionando, por lo que consideró imperioso establecer límites y exigir que tanto las familias como las instituciones asuman su responsabilidad frente a la crisis.
Esta directiva oficial quedó formalizada con la firma del Decreto N° 772/7, un instrumento legal que refuerza la presencia policial y establece un marco de sanciones severas para alumnos que se involucren en estas problemáticas. A través de este documento, el gobierno instruye al Ministerio de Educación a aplicar medidas correctivas que incluyen la expulsión del sistema educativo de los alumnos involucrados durante el presente ciclo lectivo. Asimismo, la normativa prevé que los menores responsables de hechos de gravedad puedan ser aprehendidos y trasladados, previa intervención judicial, al Instituto de Rehabilitación Cura Brochero, ubicado en la localidad de Benjamín Paz.
El peso de las medidas dispuestas por el Ejecutivo también recae sobre los adultos. El decreto establece que los padres o tutores deberán responder en sede administrativa y judicial por las conductas de los menores, asumiendo una responsabilidad solidaria por los daños ocasionados. En cuanto al rol de las instituciones, la normativa advierte que las escuelas públicas y privadas corren el riesgo de perder sus subsidios estatales si no garantizan la preservación de los estudiantes. Además, el propio gobernador señaló que los docentes que no denuncien estas situaciones se convierten en cómplices.
Perspectivas desde la comunidad educativa
Por otro lado, en un claro contraste, el ámbito educativo plantea una estrategia orientada a la contención psicológica y al abordaje pedagógico del conflicto. A través de un documento oficial, el Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI) del Ministerio de Educación instruyó a las escuelas a priorizar las instancias de escucha y el diálogo, generando un ambiente de confianza que legitime la palabra estudiantil. Lo central es evitar los abordajes punitivos inmediatos y los interrogatorios de tipo policial dentro del entorno escolar, argumentando que este tipo de prácticas estigmatizan, revictimizan y rompen el vínculo entre docentes y alumnos.
El objetivo no es minimizar la gravedad de los hechos, ya que los protocolos pedagógicos aclaran a los estudiantes que una amenaza de muerte constituye un delito y una forma de violencia que no debe ser tratada como una broma. Sin embargo, el sistema educativo propone que el conflicto se maneje mediante los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC), buscando que las eventuales sanciones sean el resultado de una reflexión crítica y colectiva, y no desde un lugar coercitivo. En este proceso, el rol de las familias es fundamental: las autoridades escolares solicitan a los padres que asuman su posición como referentes para establecer límites claros, entendiendo que estos límites no deben aplicarse desde el castigo, sino como un acto de presencia y cuidado frente a una generación de adolescentes que muchas veces se encuentra invisibilizada y vulnerada ante la conexión virtual.
Esta visión la podemos encontrar en quienes habitan diariamente las aulas. Andrea Miguel, Supervisora de Educación Secundaria, en una entrevista para “Razones particulares”, se manifestó públicamente en contra de las medidas punitivistas: “No soy de la idea que haya más policía en la escuela, no soy de la idea que haya detectores de armas”. En sus palabras, para los docentes, la verdadera prevención de la violencia no radica en el abordaje represivo dentro de los espacios educativos, sino en sostener una observación atenta y humana, identificando las alertas desde el saludo diario en el ingreso escolar, ya que los alumnos llegan a las aulas cargados con historias y crisis personales. Desde esta perspectiva, se defiende a la escuela como un lugar de mediación fundamental que, a diferencia de la calle, se hace cargo de los conflictos juveniles. Tal como nos lo resume Andrea al reflexionar sobre estas crisis: “En la escuela pasan cosas. Pasan muchas más cosas buenas que malas, pero aún pasando las malas, nos da la garantía de que esa situación va a ser mirada, no va a pasar desapercibida”.
Los estudiantes, como protagonistas centrales del debate, también hicieron pública su postura frente a las medidas adoptadas por el Estado. A través de un comunicado oficial, la Unión de Estudiantes Secundarios de Tucumán (UEST) expresó su repudio al accionar conjunto del gobierno y la fuerza policial durante las últimas semanas. Los jóvenes manifestaron que los operativos llevados a cabo dentro de las instituciones, que incluyeron la revisión de pertenencias de los alumnos y el recorrido policial por los establecimientos, terminaron generando un clima de miedo y tensión en las distintas comunidades educativas.
Bajo la premisa de que “las escuelas no son cárceles ni lxs estudiantes delincuentes”, la representación estudiantil sostiene que los colegios deben mantener su rol innegociable como espacios de contención y aprendizaje, alejados de la desconfianza y el temor. Desde su perspectiva, afirman que no habrá un cambio real si las soluciones se buscan desde “la mano dura, la coerción y el sometimiento”. Por el contrario, argumentan que los actos de amenazas son el reflejo de una sociedad que ha naturalizado la violencia y los accionares punitivistas que incitan a discursos de odio.
Frente a esto los alumnos, exigen que se habiliten instancias de escucha y confianza que les permitan tratar el problema de raíz, demandando escuelas inclusivas y modelos de aprendizaje basados en la no violencia. Asimismo, la UEST hace un llamado a la reflexión interna de sus propios pares, invitándolos a tomar conciencia sobre la gravedad de los hechos que vienen ocurriendo y proponiendo la creación de espacios de habla entre compañeros para plantear de forma colectiva el futuro que desean construir para sus instituciones.
Lo que la crisis revela
El choque de todas estas voces, deja sobre la mesa un escenario complejo que trasciende las paredes de las aulas e interpela a la sociedad tucumana en su totalidad. La crisis nos obliga a preguntarnos si la lógica punitiva en los entornos educativos y la tolerancia cero son las herramientas definitivas para frenar la violencia, o si, por el contrario, estas medidas corren el riesgo de estigmatizar y criminalizar a toda una generación de adolescentes.
A la par, también se abren interrogantes sobre qué lugar ocupan hoy las instituciones educativas en la vida social y qué se espera realmente de ellas frente a conflictos que exceden lo estrictamente escolar ¿Qué lenguajes están disponibles para transitar el malestar? ¿Qué espacios existen (dentro y fuera de la escuela) para que esas tensiones sean escuchadas antes de escalar en formas de violencia? ¿Qué tipo de vínculos se están construyendo entre el mundo adulto y las nuevas generaciones, y hasta qué punto las respuestas logran comprender (o contener) esas transformaciones? En ese cruce, la discusión ya no se limita a la seguridad o la disciplina, sino que pone en juego el modelo de convivencia que se está configurando.
El desafío no solo pasa por encontrar equilibrio entre seguridad y contención. Implica definir con claridad cuál es el rol del Estado frente a esta crisis íntimamente atravesada por los problemas estructurales que afronta la educación.
En Tucumán, esta discusión ocurre en un claro contexto: el deterioro edilicio en numerosas escuelas, condiciones de cursado deficientes y una docencia precarizada que desde hace años sostiene el sistema con recursos ínfimos.
