En este panorama, el movimiento estudiantil se enfrentará a dos grandes problemas en las siguientes semanas.
Por un lado, la espada: el Gobierno nacional logró vetar la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que el ajuste seguirá firme en las universidades. La protesta de la comunidad universitaria deberá sobrevivir con salarios docentes que perdieron más del 30% contra la inflación y con un presupuesto que cayó un 40,2% respecto a 2023, según los datos aportados por el Consejo Interuniversitario Nacional y por Argentinos por la Educación respectivamente. Pero, además, deberá enfrentarse a un gobierno al que una facultad cerrada parece no preocuparle, mucho menos cuando se trata de las que más suelen sufrir los ataques discursivos del presidente y sus simpatizantes.
Por otro lado, la pared: un movimiento estudiantil fragmentado, con posiciones disímiles. Esta fragmentación es más profunda de lo que aparenta ser: parte de la herida en el movimiento estudiantil se manifestó en la primera asamblea general que tuvieron los estudiantes de Filosofía y Letras. Allí, los participantes del Movimiento de Participación Estudiantil (MPE) no perdieron la oportunidad de recriminarle a la Federación Universitaria de Tucumán (FUT) lo que consideran una postura pasiva y permisiva. Es una herida que no se cura desde 2022, cuando el MPE rompió con la FUT en el proceso de renovación de autoridades del máximo órgano de representación estudiantil de la UNT, denunciando irregularidades en el proceso.
La fragmentación también encontró motivos ideológicos. Por lo bajo, el MPE le recrimina a la Franja Morada, quien preside la FUT, su cercanía a Mariano Campero, diputado que tuvo un rol clave para blindar el veto de Milei. “Hicieron campaña por él. Todo lo que tienen es gracias a él”, denuncian los militantes, mientras hacen circular una foto de Campero con Milagro Céliz, presidenta de la Federación.
Estos entredichos y conflictos se repiten al interior de cada facultad, donde la rivalidad entre las agrupaciones está atravesada tanto por las diferentes visiones como por sus historias electorales. En Ciencias Económicas, por ejemplo, todavía están latentes las acusaciones entre Innova, actual conducción del centro, y la Franja Morada, donde el primero le recrimina al segundo haberle “robado” una elección. La “pica” estudiantil con el MPE también se replica desde la Izquierda, donde el segundo apura al primero en la profundización de la protesta.
La narrativa instalada desde el Gobierno tampoco ayuda: en su propio esquema de interpretación, una toma, una marcha o cualquier otra interrupción del “estado natural” de las cosas es visto como un intento reactivo de “la casta”. Un detalle que no pasa desapercibido para los estudiantes que aprobaron las tomas, quienes se enfrentan al mismo dilema desde hace dos semanas: ¿qué tan estratégico es ejecutar esa medida en la actualidad?
Con una narrativa en contra, lo cierto es que el movimiento estudiantil no puede prescindir del apoyo de ciertas agrupaciones. Simbólicamente, ocho tomas generan un impacto que queda atenuado al considerar que la UNT tiene 13 facultades, dos escuelas universitarias y ocho escuelas preuniversitarias.
Siguiendo los datos de las últimas elecciones, las cuatro facultades tomadas solo representan un 25% del padrón electoral estudiantil universitario, aproximadamente 6.000 estudiantes. Para ilustrar la desproporción en el peso de cada unidad académica basta mencionar el caso de Medicina, que aglutina más de 5.000 estudiantes regulares en total.
Si no rompen la pared, los estudiantes corren el riesgo de quedar atrapados por la espada, sin posibilidad de una acción articulada, y llevando las tomas estudiantiles y las posturas más combativas, momentáneamente minoritarias, a un callejón sin salida.
